Trabajo y pensión

Más de la mitad de las personas en situación de dependencia que recibe una ayuda ha optado por la prestación económica para la atención en el entorno familiar, ofrecida por cuidadores no profesionales. Por un lado, parece evidente que la escasez de centros y servicios adecuados es una de las causas que hacen más apetecible la ayuda económica. Y, por razones culturales, muchas familias se sienten en la obligación de cuidar a los suyos aún a costa de importantes sacrificios personales.

Es necesario conjugar el respeto a esta opción con la profesionalización de los cuidados. Establecer vínculos entre la tarea de los familiares y los servicios que recoge la ley. Es decir, complementar los cuidados en casa con estancias temporales en residencias, centros de día y con servicios de ayuda a domicilio profesionales.

Si entre los cuidadores familiares sólo un 36% está dado de alta en la Seguridad Social, es fácil deducir que la mayoría tiene otro trabajo o bien es pensionista. En el primer caso estaríamos hablando de personas que ponen en riesgo su estabilidad laboral por compaginarla con los cuidados al familiar. En el segundo, estamos ante pensionistas y jubilados que asumen una carga que conlleva desgastes emocionales y físicos.

Desde el profundo respeto a la libre decisión de las personas, hay que pensar en los límites que tiene la sobrecarga física y psicológica para los cuidadores familiares. Quizá se deba revisar el que los pensionistas asuman de manera exclusiva el papel de cuidadores, sin unos apoyos contundentes. Tienen derecho a disfrutar de una convivencia agradable con atenciones profesionales en su entorno.

Y se impone reflexionar sobre la generación de empleo que se preveía con esta ley y que no tendrá lugar, a la vista de los datos.

José Manuel Ramírez preside la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.