El Gobierno detecta fraudes en las ayudas de la Ley de Dependencia

El Ministerio de Sanidad y Política Social ha detectado algunos desajustes y fraudes entre las personas que cobran una paga por hacerse cargo de sus ancianos en casa, en virtud de la Ley de Dependencia. Sabe que se está sacando a personas de los geriátricos y los centros de día donde están atendidos para llevarlos a casa "con la finalidad de percibir la prestación económica" prevista para el cuidador familiar. Algo que también ocurre con personas discapacitadas que están en centros especiales de empleo. El Gobierno advierte que, en estos casos, cuando el servicio que está disfrutando el beneficiario es el adecuado "no puede ser sustituido por la prestación económica aunque así lo solicite la familia".

Muchos pensionistas asumen la atención del dependiente

Sólo uno de cada tres cuidadores se inscribe en la Seguridad Social

Pero estos casos no son los únicos desajustes que detecta el Imserso (dependiente del Ministerio de Sanidad y Política Social) en un documento que se debatió el martes con las comunidades, al que ha tenido acceso este periódico. Advierte de que supone "un claro fraude de ley" que las empleadas del hogar se den de alta en la Seguridad Social mediante el convenio especial previsto para los familiares.

Cuotas del Imserso

"En muchos casos, al beneficiario de la prestación puede resultarle más atractivo para sus intereses que la empleada del hogar cause baja en su régimen especial y suscriba el convenio especial ya que, en este caso, las cuotas las abona el Imserso". El Gobierno recuerda que esto, además de fraude podría "dificultar la renovación de su permiso de trabajo por cuenta ajena de las extranjeras no comunitarias".

El documento, por ahora no es más que un borrador para debatir, pero pone de manifiesto situaciones que están ocurriendo. Por ejemplo, el Gobierno recuerda que esta prestación económica no es para contratar a alguien que cuide a la persona dependiente. Para eso está la llamada prestación económica vinculada al servicio, pero en ese caso los cuidadores serán profesionales.

Pero los expertos saben que esto está pasando. El presidente del Observatorio Social de España, Vicenç Navarro, asegura que "uno de los mayores problemas que tiene la Ley de Dependencia es su escaso desarrollo de los servicios de ayuda a las familias. Ello limita la creación de empleo, con la formación adecuada, y estimula una economía sumergida pues los familiares utilizan las transferencias económicas de una manera informal, contratando a personal, la mayoría inmigrante, sin ninguna formación".

Desde que se puso en marcha la Ley de Dependencia, las ayudas para el cuidador familiar se han disparado y ya suponen el 57% de todas las concedidas, un total de 239.100. Es obligatorio que el cuidador familiar se dé de alta en la Seguridad Social, salvo que sea pensionista o ya esté cotizando por otro empleo. Hasta la fecha sólo se ha dado de alta un 36% de las personas que perciben esta ayuda. Destaca el caso de Navarra, donde sólo se han dado de alta un 8%.

Se sabe que muchas de estas personas son pensionistas. Personas mayores que cuidan de sus cónyuges, tan ancianos como ellos, o hijas, ya pensionistas, al cargo de sus padres.

Por primera vez, el Gobierno propone que "se establezca una edad y un grado de discapacidad" a partir de los cuales una persona no pueda ejercer como cuidador. Y en todo caso, recomienda, que se "perfile con exactitud el papel que debe jugar el beneficiario o su familia" a la hora de determinar la ayuda que más conviene.

Los responsables de la Dependencia en las comunidades achacan a las preferencias de las familias el desproporcionado número de prestaciones económicas para el cuidador en casa que se están otorgando, cuando esta ayuda está considerada "excepcional" en la ley. El documento recuerda que es perfectamente legal que el trabajador social que evalúa al dependiente proponga que se le conceda una ayuda distinta de la que solicita el beneficiario o su familia.

En ocasiones son la situación económica o los factores culturales los que determinan las preferencias de las familias por una ayuda u otra, en lugar de optar por la más adecuada para el anciano. "Se está dando más protagonismo a las transferencias que a la provisión de servicios. Ello es un error, debería haber programas de formación, un cuidador de personas con discapacidad requiere una competencia que muchos familiares no tienen", afirma Navarro.

Unos no la tienen y otros la delegan. Pero, por ahora, no hay datos oficiales sobre quiénes son todas esas personas que reciben una ayuda como cuidador familiar y que no están dados de alta. Navarra, la comunidad con menos dados de alta, ofrece explicaciones confusas, a la espera de que los usuarios lo expliquen como se les ha requerido.

El documento que el Imserso propone a las comunidades para debatir, recuerda que deben hacer "un seguimiento de las prestaciones reconocidas, en aras de evitar posibles fraudes" sobre el cumplimiento de los requisitos para optar a una ayuda. Y plantea que esta vigilancia tenga una periodicidad anual.