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La dirección nacional del PP se rinde. Constatado que, tras 48 horas de presiones públicas y privadas, Francisco Camps no está dispuesto, al menos de momento, a cortar cabezas para atajar el escándalo de la posible financiación ilegal de su partido, los estrategas de la calle Génova (sede central del PP) han decidido dejar de empujar al presidente valenciano.
El jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder del PP, Mariano Rajoy, coincidieron ayer al llegar al Congreso y conversaron unos minutos, sin que barajaran una fecha para la reunión pendiente entre ellos sobre la crisis.
La fractura entre el secretario general del PP y portavoz parlamentario, Ricardo Costa, y el vicepresidente primero del Gobierno valenciano, Vicente Rambla, cobró ayer dimensiones abismales. Ambos, salpicados por el escándalo de la supuesta financiación irregular del partido, llevaron hasta el Grupo Popular de las Cortes Valencianas su duelo particular.
"Consolidación fiscal", "todo el esfuerzo necesario" y "hacer impulsos fiscales extraordinarios", todo para no hablar expresamente de subida de impuestos. Zapatero eludió ayer en el Congreso justificar su reforma fiscal en el primer debate parlamentario tras la presentación de los Presupuestos
El PNV ha logrado introducir una cuña interna en los dos principales partidos nacionales, el PSOE y el PP, al airear la bandera del blindaje del Concierto Económico Vasco, que cuenta con el respaldo de socialistas y populares vascos y las reticencias de sus direcciones nacionales, especialmente la del PP, que ha adelantado su rechazo.
Mató a dos ertzainas por la espalda con su escopeta el 10 de diciembre de 1995. El miembro de ETA Mikel Otegi fue, sin embargo, absuelto en la Audiencia de San Sebastián por un jurado popular que consideró el 6 de marzo de 1997 que no era dueño de sus actos al apretar el gatillo.
Ayer se abrió la posibilidad de que los restos de muchos de los republicanos que fueron sepultados en el Valle de los Caídos (Madrid) sean devueltos a sus familiares para que los entierren donde estimen oportuno. Fue gracias a dos iniciativas: una ICV-IU-ERC, defendida por Joan Herrera, y otra de Uxue Barkos (Nafarroa Bai) en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados.
La polémica del topónimo de A Coruña, casi tan vieja como la autonomía gallega y su Ley de Normalización Lingüística, que establece como única fórmula válida los nombres en gallego, ha vuelto a resurgir con virulencia. Y divide a los dos principales partidos, el PP, que gobierna en la Xunta de Galicia, y el PSdeG-PSOE, al frente de la alcaldía coruñesa desde 1983.
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