Gabilondo quiere tratar la autoridad del profesor en el pacto educativo

"A mí me hubiera gustado más que esta medida se hubiera incorporado dentro del pacto social y político por la educación", dijo ayer el ministro de Educación Ángel Gabilondo, sobre la intención de la Comunidad de Madrid de reforzar el respeto a los docentes a través de la Ley de Autoridad del Profesor, que otorgará a los maestros rango de autoridad pública. El anuncio de la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, ha sido recibido entre el entusiasmo de unos (el sindicato Anpe o los padres católicos), el recelo de otros (UGT, CC OO o el Ministerio de Educación) y alguna abierta oposición (los padres de la asociación laica Ceapa).

Gabilondo dijo que hay que contemplar la medida con "mucho cuidado" por las consecuencias penales que pueda tener la calificación de autoridad pública -si se agrede a una autoridad pública, la pena es mayor, y por el principio de veracidad su palabra tendrá más valor en caso de conflicto-, y se mostró más partidario "de encontrar soluciones integrales que no sean dotar de autoridad sin más, sino que también haya medidas sociales que atiendan cuál es la situación general, no sólo de la autoridad en las escuelas, sino en todos los contextos en los que vivimos".

Madrid dará por ley a los maestros el estatus de autoridad pública

Los sindicatos ven bien la medida en sí, pero algunos la creen insuficiente

En cualquier caso, la idea de dar a los profesores el rango de autoridad pública no es nueva. En La Rioja y la Comunidad Valenciana ya se les reconocía como tal, aunque con un rango menor al de ley -en sus decretos de convivencia-, explica Carmen Guaita, responsable de Comunicación de Anpe, uno de los grandes defensores de la medida. Por otro lado, Cataluña sí lo reconoce en su ley educativa, pero sólo a los directores. Además, la Fiscalía General del Estado ya dijo en diciembre de 2008 que una agresión a un profesor -también a un profesional sanitario- debe considerarse como atentado a una autoridad pública.

De hecho, Cataluña no creyó necesario extender la medida más allá de los directores porque ya hay jurisprudencia en ese sentido: "Ha habido al menos dos fallos de los tribunales que han considerado a docentes que han sido agredidos autoridad pública a instancias del fiscal y del Departamento de Educación de la Generalitat", dijo un portavoz. Carmen Perona, de los servicios jurídicos de CC OO, explicó que la diferencia es que ley es de obligado cumplimiento, mientras que la fiscalía da orientaciones y después son los jueces quienes deciden.

Pero, más allá de la ley que plantea Madrid (que no reconoce como autoridad, igual que la fiscalía, a los docentes de la concertada y la privada) el debate está abierto, quizá por la preocupación de una parte del profesorado porque consideran que, efectivamente, han perdido autoridad ante alumnos y padres.

Esto es lo que creen desde Anpe, que celebran la decisión madrileña. Carmen Guaita dijo que se trata de un reconocimiento legal que sirve como espaldarazo de un respaldo social perdido. Eso, a pesar de que reconoce que la medida, pensada para casos excepcionales como son las agresiones a profesores, "en el día a día de los centros no supone un gran cambio". A CC OO y UGT Madrid, por su parte, la medida en sí misma no les parece mal, aunque recelan. "Simplemente es una cortina de humo" y "absolutamente insuficiente", dijo Francisco García de CC OO.

Para Pedro Rascón, presidente de la confederación laica de padres Ceapa, la propuesta madrileña es un "despropósito total y absoluto" y aseguró que la autoridad no se puede fijar por decreto. "Esto me recuerda demasiado a la vara de avellano y el miedo en clase de tiempos pasados que creíamos superados", dijo Rascón. Pero las asociaciones Concapa (católica) y Cofapa aplaudieron la medida: "Todo lo que se haga para reforzar la autoridad y el respeto hacia los docentes me parece perfecto", dijo Luis Carbonel, presidente de Concapa.

Por otro lado, la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, recordó que el pasado julio su partido ya pidió que los profesores de toda España fueran autoridad pública y José Antonio Alonso, portavoz del PSOE, aseguró que elevar a los docentes a rango de autoridad jurídico-penal es competencia del Estado, y no de una comunidad.