Sólo los profesores de la escuela pública tendrán rango de autoridad

Sólo los profesores de la escuela pública tendrán rango de autoridad. La medida, que recogerá la futura Ley de Autoridad del Profesor anunciada ayer por la presidenta regional, Esperanza Aguirre, excluye a los docentes de educación primaria y secundaria de los centros privados y concertados, según confirmó ayer la propia Aguirre, al finalizar su discurso en la Asamblea, pese a lo anunciado el día anterior por el propio Gobierno regional.

"Esos centros pueden contratar a quienes quieran y eso no ocurre con los públicos", precisó Aguirre, que recordó que los funcionarios superan unas oposiciones para acceder al puesto. En su alocución en el hemiciclo, la presidenta justificó que los maestros sean autoridad en diversos informes que indican que los profesores "destinan una tercera parte del tiempo de clase a mandar callar a los alumnos". También aseguró que las comisiones de estudios recogen con frecuencia datos de "agresiones a profesores y otros actos de indisciplina". No dio más detalles.

La presidenta subrayó la frecuencia de las agresiones a los maestros

"Creemos que educar para la ciudadanía es enseñar a los jóvenes a comportarse de forma civilizada y respetar a la autoridad", recalcó la presidenta regional, en una velada crítica a la polémica asignatura de Educación para la Ciudadanía, que la ha enfrentado al Gobierno central. "No puede haber libertad sin reglas", zanjó.

La novedad de la norma es que otorga rango de ley a la autoridad de los profesores, como ya ocurre con los médicos, policías o magistrados, entre otros. La Comunidad de Madrid tiene competencia, en su territorio, para fijar quién es autoridad pública. Al mismo tiempo, puesto que el Código Penal recoge como delito de atentado las agresiones a la autoridad pública -sin precisar quién tiene tal condición-, en cuanto entre en vigor la nueva ley automáticamente los ataques a los maestros serán castigados con más dureza. Hasta ahora la única protección era una circular de la Fiscalía General que recomendaba a los fiscales calificar como delito los ataques a los maestros. Esta medida no obligaba a los jueces en su fallo; sí lo hará la ley.

El rango de autoridad otorga a los maestros la presunción de veracidad, que hace que su palabra tenga más valor. Pero también acarrea sanciones más graves si se extralimitan en sus funciones y pueden ser denunciados por falsedad en su testimonio y por abuso de autoridad.

Más información en la página 31