Una extorsión con muchos ceros

Un escándalo de muchos ceros y burdos sobornos. La instrucción del caso Mercasevilla ha destapado la nefasta y corrupta gestión de esta empresa del Ayuntamiento de Sevilla (PSOE e IU). Descabezó su dirección, fulminó su fundación municipal, reveló el intento de soborno con 450.000 euros en dinero B y un agujero de más de un millón en las cuentas de la fundación. Esta semana está previsto que se reactive la causa al regresar de vacaciones la juez, y así atar los múltiples cabos sueltos del mercado central sevillano.

El turbio episodio nació cuando dos empresarios del grupo La Raza, que negociaban con Mercasevilla la creación de una escuela de hostelería, grabaron tres reuniones con sus directivos Fernando Mellet, Daniel Ponce y la directora de proyectos Regla Pereira, entre otros. En los encuentros Ponce reclamó 450.000 euros como comisión, a cambio de la concesión del proyecto, pese a que la Consejería de Empleo ya había concedido una subvención de 900.000 euros. El subdirector espetó a los empresarios: "El funcionamiento es muy simple: yo colaboro con quienes colaboran". La entrega debía realizarse "olvidando" un maletín en un despacho. Las cifras bailaban y se produjo un regateo hasta que finalmente la operación se difuminó. Pero las conversaciones se registraron, los empresarios llevaron la grabación a la Junta y ésta a la fiscalía, que activó la investigación con la Policía Judicial. Mientras, el PP denunció los hechos y el Juzgado 6 de Instrucción dirige desde entonces las pesquisas.

Un directivo pidió a dos empresarios que "olvidaran" 450.000 euros en dinero B

En las gestiones previas del proyecto intervino el delegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, imputado por cohecho, al igual que Mellet, Ponce y Pereira, acusados asimismo de prevaricación y fraude de funcionario. En la gestación también intervino el ex sindicalista de UGT Juan Lanzas, un "conseguidor" según fuentes del caso, y que comparecerá pronto ante la juez, que pidió a la policía que averigüe su paradero. Lanzas actuaba en las reuniones como un intermediario entre Mercasevilla y la Junta, según uno de los denunciantes del soborno. La empresa Maginae Solutions, propiedad del cuñado de Lanzas, Jaime Sierra, cobró 143.145 euros a Mercasevilla durante 2007 y 2008 por asesorar en la tramitación de un expediente de regulación de empleo que afectó a 63 de sus 176 trabajadores.

Además, una auditoría detectó gastos por 30.000 euros realizados con una tarjeta, pero sin justificantes. Mientras Mellet dimitió "por motivos personales", Ponce mantiene su puesto.

Al margen del intento frustrado de soborno, la juez pidió un listado de las donaciones recibidas por Mercasevilla y descubrió una "adjudicación fraudulenta" a la constructora Sando del derecho de compra de los actuales terrenos de la empresa pública. Sando donó 246.000 euros tras dicha opción de compra y así lograr optar a una bolsa de 363.000 metros cuadrados. Dos técnicos mostraron ante la juez su perplejidad por el concurso público con una "limitación al alza del precio", que permitió despreciar la opción de la constructora Noga, mejor que la de Sando. De este modo salió a relucir el decisivo papel de Jorge Piñero, asesor jurídico de Mercasevilla y vicedecano del Colegio de Abogados, que decidió los detalles del concurso junto a Mellet, según los técnicos.

Todo apunta a que este otoño la investigación sumará más imputados mientras averigua si están implicados otros cargos del Ayuntamiento y la Junta, tal y como señalaban Mellet y Ponce en las grabaciones y denuncia el PP.