Remedios de agosto

La convocatoria de un Consejo de Ministros monográfico a mediados de agosto para abordar la crisis económica suscita la sospecha espontánea de que tenga más relación con la mercadotecnia política que con la política económica. Y más si la convocatoria se relaciona con un proyecto de ley de economía sostenible que se mantiene en estado gaseoso. Sobre todo, no contribuye a fortalecer la confianza de los agentes económicos, precondición para la recuperación.

Del Consejo de Ministros de ayer han salido algunas decisiones razonables, como el reforzamiento de las prestaciones por desempleo y, lo más novedoso, su extensión a los trabajadores autónomos. El primero supone una prestación de 420 euros a los desempleados sin ingresos. Por el segundo, los trabajadores por cuenta propia que hayan cotizado al menos durante un año, y sufran cese de actividad, tendrán derecho a una prestación de naturaleza equivalente a la de desempleo para los trabajadores por cuenta ajena.

Ambas decisiones son necesarias para paliar los muy graves efectos que la recesión está teniendo sobre los grupos menos favorecidos. Pero no son de ningún modo actuaciones que eviten que el desempleo camine hacia registros en la frontera del 20% de la población activa. Si países como Francia y Alemania pueden confirmar que lo peor ha pasado (con tasas trimestrales positivas de crecimiento en su PIB), nosotros estamos lejos de poder hacerlo. La economía española carece de empresas suficientes con las ventajas competitivas necesarias para aprovechar las señales de recuperación de la demanda en economías, como la china y la estadounidense.

Durante la última década los dos partidos que han gobernado, minimizaron los riesgos de esa excesiva especialización productiva. Frente a ella, el cambio de modelo productivo no consiste en modificar las relaciones de producción o las instituciones, sino en generar incentivos para que se diversifique la producción de bienes y servicios. Para ello hay que predicar con el ejemplo: con inversión pública en capital tecnológico y humano, o con mejoras claras en la productividad de las administraciones públicas que permitan, entre otras cosas, agilizar los procedimientos para crear una empresa.

En esa dirección, sería saludable que el anuncio de creación de un fondo similar al de inversión municipal pero particularizado en las tecnologías de la información y de la comunicación, o de mejoras medioambientales, no esperen hasta 2010 para concretarse. Mientras no sea así, la cita de agosto quedará como rutina estival sin mayores consecuencias.