Abstención y abstinencia

El Gobierno y las comunidades, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) aprobaron ayer por amplia mayoría el nuevo modelo de financiación, en el que el Ministerio de Economía, para lograr el acuerdo, ha prometido inyectar más de 11.000 millones de euros adicionales. Pese al escenario de déficit público y de desplome de la recaudación tributaria, no es objetable que se destinen más recursos públicos a salvaguardar los servicios básicos de todos los españoles. Más discutible resulta que el Ejecutivo oculte bajo un manto de silencio la distribución por territorios de ese dinero fresco, que tiene perfectamente cuantificada, puesto que el primer abono lo efectuará este mismo año, a cargo del Presupuesto en curso. Esta opacidad gubernamental anima a autonomías de todo signo y a partidos como ERC a acudir a la ingeniería contable para presumir de las ganancias obtenidas, caldo de cultivo del recurrente agravio comparativo.

No hubo sorpresas en la reunión del CPFF: garantizada la aprobación del sistema -en este órgano el Ejecutivo dispone de la mitad más uno de los votos, a los que se sumó el apoyo de nueve comunidades-, los consejeros del PP, siguiendo las consignas de la dirección nacional, optaron por el doble juego ya anunciado: abstenerse de votar la reforma, pero no de embolsarse los ingresos adicionales que ésta reportará a sus arcas. Al resucitar el espantajo de la insolidaridad de Cataluña, el nuevo PP, aunque más moderado en las formas, reincide en la misma doblez de la pasada legislatura, cuando denunció que el Estatuto catalán rompía España para luego calcar muchos de sus preceptos en otras reformas estatutarias. Del partido que alardea de ser el único con un discurso común para toda España cabría esperar que votara lo mismo en las reuniones autonómicas, en las Cortes y en las comisiones bilaterales de cada comunidad con el Estado.

La otra fuerza que se ha autoexcluido del pacto es CiU. La federación sólo trabajó con el escenario de un mal acuerdo para Cataluña, sin apercibirse de que la ruptura entre PNV y PSOE forzaba al Gobierno a desbloquear la financiación para así lograr el apoyo parlamentario de ERC e IU-ICV. Víctima de su tacticismo y de su larga abstinencia de poder, CiU se inhabilita como eventual aliado del PSOE al borrarse del partido a falta de más de un año para las elecciones catalanas.