¿Para qué servirán tantos millones?

La clase política catalana se asomó de nuevo al abismo, pero esta vez, a diferencia de lo que sucedió con el Estatuto, ha sabido frenar antes de precipitarse al vacío. A reserva de las vacilaciones de última hora del republicano Joan Puigcercós y (algunos de) los suyos, el pacto entre el Estado y la Generalitat para mejorar la financiación catalana es ya un hecho. Con suerte, pasarán muchos años antes de que los partidos y los medios de comunicación volvamos a someter a los sufridos catalanes a la tortura de manosear conceptos tan inescrutables como la nivelación de servicios, el fondo de suficiencia o el esfuerzo fiscal. Bien está lo que acaba, ¿o no?

A modo de traca final, se avecina una guerra de cifras que, para ganar tiempo, anticipamos a renglón seguido: el PSC y sus socios echarán en cara a CiU que en 2001 el entonces consejero Artur Mas asegurara haber arrancado 2.400 millones de euros para Cataluña, montante que al final se quedó en sólo 250 millones frente a los 2.100 que llegarán este año y a los 3.500 de 2012, y CiU, que en los últimos tres años ha puesto 10 cifras distintas sobre la mesa -desde unos modestos 2.329 millones hasta unos oníricos 6.997-, proclamará que el tripartito se ha vendido por un plato de lentejas y que, al demorar un año la plena vigencia del sistema, ha traicionado el espíritu, la letra y hasta las tapas del Estatuto. Desde aquí aconsejamos al lector que, máxime en vísperas de vacaciones, se tome con escepticismo y altas dosis de paciencia estos últimos estertores del vodevil.

Tras bregar para lograr recursos, la prioridad de Montilla debe ser gastarlos con criterio, no echar más pulsos con el Estado

Pero cuando los fuegos de artificio se extingan y el ruido de la politiquería haya cesado, llegará la hora de la verdad. Será entonces cuando el presidente José Montilla y sus aliados, tras superar una prueba de fuego de la que por poco salen calcinados, tendrán que acreditar ante la ciudadanía que, además de bregar con el Estado para obtener más recursos, también saben en qué gastarlos.

Montilla accedió al cargo con todos los astros conjurados en su contra: empujado por José Luis Rodríguez Zapatero para desbancar a Pasqual Maragall; severamente derrotado en las urnas por CiU; presionado por su correligionarios de Madrid para que cediera la presidencia a Mas; heredero de una alianza a tres bandas que parecía llevar en sus genes el cromosoma de la autodestrucción; cuestionada su capacidad para hacerse valer ante el Gobierno amigo en defensa de los intereses de Cataluña... Ante tantas adversidades, su programa, en el fondo, era muy sencillo: blindar la cohesión interna del tripartito e ir reemplazando el discurso clásico del nacionalismo identitario por un "catalanismo social" al servicio de las personas. La primera parte de su misión, al menos por ahora, la ha cumplido con creces, pero ni la grave crisis económica ni los casi tres años empleados en desencallar la mejora de la financiación le han permitido labrarse la imagen de buen gestor que anhela para paliar su irremediable falta de carisma.

Ahora tiene la oportunidad de hacerlo, relleno el zurrón con esos 4.000 millones adicionales que podrá gestionar hasta el final de su mandato. A buen seguro que, con las arcas de la Generalitat tiritando, tendrá que tapar múltiples agujeros, pero a no mucho tardar el presidente y sus consejeros deberían ser capaces de trazar una hoja de ruta que detallase los programas sociales u obras públicas que ejecutarán en los próximos meses, antesala de las elecciones de 2010. Nuevos colegios y guarderías; ampliación y capacitación del profesorado para que la Ley de Educación no se quede en papel mojado; atención a las personas dependientes; ayudas y reciclaje para los parados de larga duración; mejora de los servicios sociales y de la sanidad pública; estímulo a los empresarios para que contribuyan al tan cacareado cambio de modelo productivo... ¡Es tanto lo que queda por hacer y tan poco el tiempo que queda para hacerlo!

Urge, pues, que la Generalitat pase página de la pugna con el Estado y combata con la fuerza de los hechos esa desafección social que tanto dice inquietarle. El 21 de julio, la firma del traspaso de Cercanías debería abrir un paréntesis en el que el desarrollo del Estatuto se aparcase -o se abordase con sordina- para concentrar todas las energías en ejercer las competencias ya obtenidas. Ya vendrán tiempos mejores. O no.