La desconfianza de la izquierda

Zapatero llamó ayer a Joan Herrera para explicarle su decisión sobre la central de Garoña. El presidente se había comprometido con el diputado de ICV a informarle de su decisión y, ya que no lo hizo antes del anuncio oficial, ayer le llamó para al menos explicárselo. En la larga conversación el argumento más repetido por Zapatero fue que no había podido decretar el cierre antes de 2013 por "motivos laborales", es decir, porque previamente hay que aprobar un plan para recolocar a los que viven de actividades relacionadas con la central.

Zapatero constató de primera mano que su decisión provoca rechazo a la izquierda del PSOE, que tiene escasa representación parlamentaria, pero la suficiente para ponerle en aprietos en el Congreso. Y, además, las últimas semanas han sido malos tiempos para sus relaciones con la izquierda. Más bien han sido pésimos y han minado la confianza entre el PSOE y los grupos minoritarios de la izquierda.

Se produjo el anuncio de reforma fiscal y la posterior marcha atrás, la aprobación de la ley de asilo rechazada por la izquierda, la limitación de tapadillo y pactada con el PP de la justicia universal y el inicio de la tramitación de la ley de inmigración, más restrictiva que la anterior. Todo eso mina la confianza mutua. Y ahora ha llegado el cierre de Garoña aplazado hasta la siguiente legislatura, dejando en manos del que gane las generales la posibilidad de rectificarla. La derecha lo rechaza porque habría querido que se cumpliera el dictamen del CSN y la izquierda porque no entiende que el cierre quede para otra legislatura, con unas elecciones generales por medio.

Ningún partido de la izquierda parlamentaria distinto del PSOE ha apoyado la decisión de Zapatero. Ni ERC, ni BNG, ni IU, ni ICV han hablado a favor del presidente en un clima de desconfianza creciente con el Ejecutivo. Joan Ridao (ERC) habló también hace una semana con Zapatero durante una hora en el Congreso y tampoco se disipó el recelo mutuo. Herrera dice que ya no se fía tras la ruptura del acuerdo fiscal y, a su vez, el PSOE acusa al diputado de ICV de romper su pacto sobre los Presupuestos. De hecho, en 14 meses de esta legislatura el Gobierno no ha aprobado ninguna ley ni ha convalidado ningún decreto en el Congreso sólo con apoyo de la izquierda. En todas las votaciones ha estado presente un partido nacionalista no de izquierdas como Coalición Canaria, CiU o PNV. En más de la mitad de las votaciones ha tenido apoyo del PP, incluidas la ley de asilo y la limitación de la jurisdicción universal. Y para los Presupuestos el PSOE tiene casi asegurados los votos de CC, que gobierna con el PP en las islas, y de UPN, que no es muy de izquierdas precisamente.

La anterior legislatura, el PSOE se apoyó en la izquierda para sacar adelante la ley de matrimonios homosexuales, la de Dependencia, la de Igualdad y la de Memoria Histórica. Sólo en algunos casos se sumaron otros partidos como el PNV. Para septiembre, el Gobierno tiene el reto de romper la tendencia de esta legislatura con la ley del aborto, sobre la que la izquierda le exige que no haya ningún recorte sobre el texto inicial. Del resto de partidos, sólo el PNV podría sumarse.

En todos los escenarios de futuro aparecen, dejándose querer, las siglas de CiU, el único grupo que por sí solo garantiza la aprobación de leyes. Significativamente, el diputado de CiU Josep Sánchez Llibre, partidario de mantener la central de Garoña, añade un matiz: la decisión de cierre es "reversible". Asegura que, por encima de lo que diga el Gobierno, una orden ministerial se deroga con otra y una ley con otra ley o con un decreto y de aquí a 2013 su grupo puede llegar a muchos acuerdos con quien sea, incluido uno sobre Garoña. La pregunta es quién apoyará la ley de economía sostenible si incluye el cierre de Garoña. CiU no lo hará y la izquierda con exigencias como la llamada fiscalidad verde.

Además de las razones técnicas, en la decisión de Zapatero hay otras dos claves políticas vinculadas al calendario, según el PSOE: las municipales y autonómicas de 2011 y las generales de 2012. Para las primeras, el cierre previo de la central hubiera supuesto aniquilar las ya de por sí escasas opciones del socialista Oscar López en Castilla y León y de todos los candidatos a alcaldes de la zona. La segunda supone que el PP comparecerá en las urnas con la bandera nuclear y el PSOE con la antinuclear y, según las encuestas, la mayoría es contraria a este tipo de energía.