Las regiones del PP se preparan para neutralizar la ley del aborto

Mientras el Gobierno ultima el proyecto de ley que reconocerá por primera vez el derecho al aborto dentro de unos plazos, con el debate social al rojo vivo, varias comunidades autónomas están preparando normas de "apoyo a la maternidad". Dos de ellas, Castilla y León y la Comunidad Valenciana, gobernadas por el Partido Popular, ya las han aprobado -en diciembre de 2008 y el jueves pasado, respectivamente-. La valenciana ha generado un gran revuelo. El PP afirma que sólo quiere apoyar a las madres. El PSOE asegura que se trata de una norma antiaborto que no respeta los derechos de las mujeres y que las quiere tutelar como si fueran menores de edad.

La norma valenciana garantiza, por primera vez, derechos para el feto. Desde la concepción. Contará como uno más de la familia para acceder a viviendas públicas y reserva de plaza en guarderías; las adolescentes embarazadas podrán seguir el curso escolar en casa; y se fomentará la adopción de los hijos nacidos dentro de familias con problemas. También se dice que un "código de buenas prácticas" promoverá los valores, los derechos y los principios éticos sobre atención a la maternidad.

Lo del código de "buenas prácticas" y los "principios éticos" suena críptico. La forma en la que se va a fomentar la adopción no está clara. El Consejo Jurídico Consultivo, órgano asesor de la Generalitat valenciana, tachó la ley de "confusa" e "imprecisa" y dijo que contenía "declaraciones programáticas impropias de una ley". Pero el punto más polémico tiene que ver con la intervención en el asunto de ciertas ONG de "apoyo a las embarazadas".

La ley valenciana dice que "redes de voluntarios asistirán a la mujer durante la gestación y los primeros meses de vida del niño". Estas redes, subvencionadas con dinero público, podrían convertirse en algo ideológicamente tendencioso. Nadie discute que se fomenten las ayudas a madres sin recursos, ni que se dé apoyo psicológico a las embarazadas. Lo que preocupa a las asociaciones de mujeres y a los partidos de izquierda es la organización del sistema, ya que una cosa es explicar a las mujeres las ayudas que existen y otra intentar convencerlas, o incluso presionarlas, para que no interrumpan su embarazo.

El origen de todas estas leyes está en la iniciativa legislativa popular de la Fundación Red Madre. Es un grupo de asociaciones de asesoramiento a embarazadas impulsada en 2007 por el conservador Foro Español de la Familia, presidido por Benigno Blanco -alto cargo del Ministerio de Fomento en tiempos de Aznar, oponente acérrimo del matrimonio gay y que recientemente ha declarado que "el aborto es la barbarie de nuestra época"-.

La Red Madre ha ido recabando firmas en todas las comunidades autónomas para pedir a las Asambleas regionales que elaboren normas de apoyo a la maternidad. Y que lo hagan según lo que ellos proponen. El texto de la iniciativa legislativa popular es revelador. No se pide un servicio público para las embarazadas sino "una red solidaria de ayuda" que estaría integrada por "ONG privadas que desde hace años se dedican a esta labor de asistencia, con alto nivel de éxito en sus trabajos", dice el texto. Y sigue: "Según información suministrada por estas ONG, de cada cuatro mujeres atendidas durante su embarazo, tres no abortan". Y hablan de que las embarazadas en situación de conflicto necesitan apoyo "para poder decidirse en verdadera libertad por la vida de su hijo".

La Fundación ha conseguido firmas suficientes para presentar iniciativas legislativas populares en Navarra, Andalucía, Aragón, Cantabria, Canarias, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Murcia y Galicia. Las cuatro primeras han rechazado por mayoría tramitarlas, pero el PP las ha apoyado. Canarias incluirá su contenido en la futura Ley de Igualdad autonómica. Y las Asambleas de Murcia y Galicia les han dado curso, aunque aún no han sido aprobadas como leyes. Esto sólo ha ocurrido, hasta el momento, en Castilla y León y Valencia.

En el resto de las comunidades -Extremadura, Castilla-La Mancha, Madrid, Asturias, País Vasco, Baleares, Cataluña y La Rioja-, la Red Madre está aún en fase de recogida de firmas para presentar su iniciativa legislativa popular. El objetivo, en todo caso, en que en cada región española estas ONG puedan actuar -y sean pagadas por ello- para trabajar con las embarazadas.

El texto castellano leonés es más neutro que el valenciano y fue aprobado sin votos en contra -el PSOE se abstuvo-. Recoge que "los centros sanitarios, sociales y educativos de la Junta de Castilla y León" informarán a las mujeres embarazadas, lo que supone que lo harán directamente estos servicios públicos. Pero también dice que "se fomentará la colaboración con entidades privadas sin ánimo de lucro".

La gran cuestión es cómo se va a gestionar la colaboración con estas entidades. Si se abre la página web de la Red de Madres de la Comunidad de Madrid aparecen, las primeras de la lista, un sinfín de organizaciones antiabortistas como Fundación para la Defensa de la Vida, Fundación Vida, Comisión Española para la Defensa de la Vida o la Asociación de Víctimas del Aborto. Éstas son las recomendadas por el Gobierno regional -y subvencionadas por él- para asesorar a las mujeres, incluso a las que desean, legalmente, interrumpir su embarazo.

Con información de Miguel Olivares (Valencia).