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Editorial:

Ensayo de Presupuestos

El escaso margen del Gobierno otorga a partidos menores una influencia desproporcionada

El Gobierno logró pasar ayer el ensayo del debate presupuestario del próximo otoño, en el que tanto se juega. Gracias a la abstención de los nacionalistas (excepto ERC) y de la izquierda dispersa, y con el único apoyo de Coalición Canaria (CC), consiguió que se aprobase su propuesta de techo de gasto público, límite en el que deberán encajar las cuentas del Estado para 2010. A ese desenlace se ha llegado por caminos bastante laberínticos.

Y confusos: el martes, los socialistas habían apostado por un acuerdo con su izquierda (IU, ICV, ERC) para una reorientación de la política fiscal en el sentido de aumentar su progresividad en relación con deducciones y prestaciones. Eran medidas adaptadas a la situación de fuerte crecimiento del déficit público. Pero que penalizaban a las rentas altas (o no tan altas), a lo que se opone CiU, contraria a cualquier aumento de impuestos.

La discusión económica desembocó por esa vía en la política: la abstención de los 10 diputados de CiU bastaba para que el Gobierno superase la votación de ayer (por mayoría simple), mientras que el respaldo de las tres formaciones de izquierda (cinco escaños) resultaba insuficiente. Con el añadido de que esos partidos ni siquiera se comprometían a votar a favor, sólo a abstenerse. Por esa doble razón, los socialistas dieron marcha atrás y recuperaron el acuerdo abstencionista de CiU.

Aparte de la confusión, el episodio ha revelado las contradicciones en que se mueve la política de alianzas del Gobierno. La inercia le lleva a buscar acuerdos con la izquierda, pero es un apoyo inseguro y escaso (necesita siete votos externos para alcanzar la mayoría absoluta). Y el nacionalismo catalán mide al milímetro su disponibilidad. El PP ha visto en esa debilidad del Gobierno la posibilidad de llevar al PSOE a la derrota en la votación presupuestaria de otoño, y en unas condiciones en las que la prórroga de unos Presupuestos que ya estaban desfasados cuando se aprobaron, resulta inimaginable. Lo que hace verosímil a ojos del PP la hipótesis de una disolución anticipada y elecciones antes de que la reactivación económica permita remontar al PSOE.

Es un cálculo racional pero perverso, pues la debilidad parlamentaria es consecuencia de la retirada de apoyo del PNV a causa del pacto de los socialistas vascos con el PP en Euskadi. Pero el PSOE no acaba de definir una política de alianzas alternativa y tampoco los candidatos a aliados se lo ponen fácil. La argumentación de IU e ICV de que no tenían "margen" para pasar del no al es insostenible: si la reforma era tan importante, por supuesto que podían votar a favor de la propuesta del Gobierno. Lo que no tiene sentido es pretender que un partido con 169 escaños tenga que aceptar el programa fiscal íntegro de otro que tiene dos.

Pero CiU, la otra posibilidad, aunque no presenta tantas incertidumbres (siempre es más fácil el acuerdo con un solo partido que con cuatro o cinco a la vez), tampoco es sencilla. Con elecciones catalanas en 2010, los de Artur Mas tienen como prioridad derrotar al PSC. En tiempos de Pujol, CiU consideraba que la política de su partido tenía una dimensión española (influir en la política general) que también le daba votos; pero ahora esa dimensión cuenta bastante menos.

Con independencia del resultado de la votación de los Presupuestos, el deterioro de la imagen del Gobierno en estas escaramuzas comienza a afectar a la credibilidad del sistema. En Italia, el descrédito de la política se inició con el poder excesivo que adquirieron partidos menores por su capacidad para condicionar decisiones de la mayoría. Un acuerdo entre los dos grandes partidos sobre los ejes de las grandes reformas pendientes, empezando por la fiscal y la del mercado laboral, tal vez sirviera para acotar esos excesos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 26 de junio de 2009