Fiscalidad gradual

La política económica del Gobierno se enfrenta a dos decisiones cruciales para la resolución de la crisis financiera y la recesión. En primer lugar, antes de que termine este mes deberá presentar el Plan de Rescate Financiero destinado a reforzar o intervenir las entidades amenazadas de insolvencia o desaparición. Mientras ese plan no surta efecto no se podrá asegurar que "lo peor de la crisis ha pasado", como afirmó ayer en el Congreso Rodríguez Zapatero, ansioso de buenas noticias. No basta con que la caída de la actividad toque fondo si continúa creciendo el paro y hay que sufragar costes sociales crecientes. Justo por eso, el Gobierno tiene que concretar antes de septiembre su nueva política fiscal, para frenar el incontenible aumento del déficit de las administraciones públicas hasta casi el 10% del PIB en 2009, que ha forzado al Gobierno a subir los impuestos sobre los combustibles y el tabaco.

El cambio de política fiscal está en marcha. Terminó la era de la proclama "bajar de impuestos es de izquierdas" anunciada por el presidente del Gobierno a comienzos de su primera legislatura. Las cuantiosas inversiones para estimular la demanda y el empleo están plenamente justificadas -salvo el disparatado regalo universal de los 400 euros-, pero la persistencia sin límite de los déficit públicos puede llevar a una situación insostenible de las finanzas públicas. También está justificada la nueva política de subidas tributarias, por más que el Partido Popular se empeñe en conciliar lo inconciliable, como es predicar en favor de una reducción constante de los impuestos como cebo electoral y quejarse a la vez por la "disminución del Estado".

El tránsito hacia una política de subidas moderadas de impuestos exige algunas condiciones que el Gobierno está obligado a cumplir. La más elemental es que sea selectiva y, en la medida de lo posible, progresiva, es decir, afecte a las rentas más elevadas. No es tan fácil de cumplir como puede parecer porque el impuesto sobre la renta (IRPF) es hoy únicamente un gravamen sobre las rentas medias. Sólo un 3% de los contribuyentes declaran rentas superiores a los 60.000 euros anuales. La renta media declarada de los asalariados es de 18.000 euros al año mientras que la de los empresarios apenas rebasa los 12.000 euros. Mucho tendrá que afinar la vicepresidenta Salgado con la tributación directa si pretende obtener más ingresos gravando las rentas más altas.

Hay margen de subida en los impuestos indirectos, algunos, como el de los carburantes, más bajos que la media europea. Hay que aceptar que ese margen no será suficiente para cicatrizar por sí solo la herida del déficit. El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, recordó en el informe anual del supervisor, que "las expectativas sobre futuras subidas de impuestos pueden acabar esterilizando los efectos expansivos de las medidas adoptadas". Tiene razón y estaría bien que, en caso de producirse, se modularan las subidas tributarias de forma que no supongan una retirada brusca de renta disponible para la inversión y el consumo.

No es tan evidente la urgencia de la reforma laboral. El gobernador la considera como "imprescindible", pero lo más probable hoy es que la única reforma imprescindible e ineludible para superar la recesión es el saneamiento de los balances de bancos y cajas. Sin crédito no hay recuperación y sólo el aumento de la actividad generará puestos de trabajo. La reforma del mercado de trabajo es necesaria, sin duda alguna, porque el mercado asimétrico formado de protegidos fijos por un lado y asalariados precarios por otro perjudica las posibilidades de crecimiento estable. Pero la urgencia de articular la nueva contratación laboral está un poco por detrás del rescate financiero.