El PP recurrirá la ley educativa catalana ante el Constitucional

El Partido Popular (PP) va a emprender una guerra sin cuartel contra la futura Ley de Educación catalana (LEC) -todavía pendiente de aprobación parlamentaria- porque su articulado supone una "miseria intelectual" y arrastrar a Cataluña a un futuro de "miseria moral y económica". El proyecto elude aplicar la tercera hora semanal de castellano que pretendía imponer un decreto del Gobierno central, y deja a cada centro la decisión.

Las armas que empuñarán los populares serán legislativas y mediáticas. De momento llevará la ley al Consejo Consultivo catalán (máximo órgano de consulta jurídica, similar al Consejo de Estado), para que examine el texto. Diga lo que diga, no será impedimento para apelar al Tribunal Constitucional porque el PP cree que al menos ocho artículos de la ley vulneran la Carta Magna. "El informe del Consultivo será determinante pero no vinculante", advirtió ayer la presidenta de los populares catalanes, la senadora Alicia Sánchez-Camacho.

A juicio del PP, la ley -pactada entre CiU, PSC y ERC- "blinda" el modelo de política lingüística "discriminando el uso del castellano" en los centros educativos y "crea un cuerpo de docentes propio con una escala diferente de la nacional". Asimismo, supone "recortar las libertades y derechos lingüísticos de los ciudadanos" y "coarta" la libertad de los padres para elegir la escuela que deseen para sus hijos. Replicó la secretaria de organización del PSOE, Leire Pajín, quien pidió no convertir en un "problema político lo que no es en la sociedad". "Los niños catalanes saben el español exactamente igual que en otras comunidades e incluso tienen mejores resultados", afirmó.

Las armas mediáticas del PP pudieron apreciarse el domingo en la prensa con un anuncio que, bajo el titular Suspenso en calidad. Suspenso en libertad, estaba ilustrado con la fotografía de dos niños esposados. La Generalitat anunció ayer que llevará esta publicidad a la Fiscalía de Menores por si se vulneraron sus derechos.