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El futuro Gobierno

Euskadi ensaya la cohabitación institucional

El riesgo de perder Álava puede disuadir al PNV de obstaculizar la gobernación

Apelar al miedo se ha convertido en una moda en la política vasca. Los partidos, y el PNV en particular, recurren al miedo para movilizar electorados e incomodar al adversario. Primero se agitó el temor a un Gobierno sucursal de Madrid y ahora el miedo a un Gobierno débil, el que surgiría de un pacto entre el PSE-EE y el PP para la investidura de Patxi López como lehendakari. Los nacionalistas no se resignan a perder el poder y aseguran que van a seguir gobernando Euskadi.

El último en lanzar la advertencia ha sido el candidato nacionalista y actual lehendakari en funciones, Juan José Ibarretxe, al asegurar que su partido seguirá gobernando desde el Parlamento, desde las diputaciones y desde los ayuntamientos. Los socialistas se guardan una baza en la cartera. En sus planes inmediatos no está desalojar al PNV de la Diputación de Álava para desmentir que se practica una política de bloques. Sin embargo, una actitud de oposición institucional puede ser el pretexto para una moción de censura que dé la Diputación alavesa a la lista más votada, la del PP.

En el horizonte queda la experiencia inédita de la cohabitación entre un Gobierno en manos de un partido (el PSE) y las tres diputaciones controladas por otro, el PNV, que no parece aceptar de muy buen grado su salida de Ajuria Enea y anticipa una dura oposición.

La pretensión de gobernar desde el Parlamento se antoja difícil con el acuerdo de estabilidad que están a punto de cerrar los socialistas con el PP. Y utilizar los ayuntamientos para hacerlo tampoco parece fectible, teniendo en cuenta sus competencias y lo plural que es la realidad municipal vasca. Es dudoso que el PNV quiera poner en marcha un nuevo Udalbiltza, un nuevo frente municipal abertzale, que juegue en paralelo con las instituciones estatutarias.

Quedan, sin embargo, las diputaciones como órganos de contrapoder. Los tres territorios históricos se encuentran actualmente en manos nacionalistas y sus competencias son amplias, especialmente en el ámbito tributario y financiero. El PNV puede profundizar en sus esencias foralistas e intentar obstaculizar desde las tres provincias la labor del Ejecutivo. Es este, según los expertos consultados, el único campo real en el que se podría aplicar esta estrategia, aunque no estaría exenta de riesgos.

La estructura cuasi confederal de Euskadi establecida en la Ley de Territorios Históricos da a las entidades forales amplios poderes. Durante años las diputaciones han reclamado su cuota de poder, pero han aceptado el liderazgo del Gobierno vasco. El PNV siempre ha ostentado la mayoría en el juego de combinaciones del poder autonómico y foral. El partido ha ejercido de árbitro y las desavenencias se han resuelto por los cauces internos.

El último gran enfrentamiento se produjo en 1984 y se cerró con la escisión del PNV y la aparición de EA. Desde entonces el PSE o el PP han controlado alguna diputación o carteras en el Gobierno, pero su peso nunca ha sido determinante para romper la hegemonía del PNV.

Las cosas son ahora diferentes. Una vez fuera del Gobierno, el PNV puede desde las tres diputaciones tensionar las relaciones institucionales ejerciendo competencias fronterizas. Un informe encargado por el PP a profesores de la UPV cuando gobernaba Álava puso sobre la mesa que el Gobierno ha asumido de hecho distintas competencias correspondientes a las diputaciones.

Por otro lado, el Consejo Vasco de Finanzas, órgano paritario donde participan las diputaciones (tres votos) y el Gobierno (otros tres), se antoja un campo de posible oposición foral. En el seno del Consejo, órgano creado por la Ley de Territorios Históricos, las decisiones solamente se toman por mayoría. Un empate entre los tres votos forales y los del Gobierno implica el bloqueo de cualquier decisión. Este sistema, que busca el consenso, fue refrendado por una sentencia del Tribunal Constitucional de 1988 y no prevé la figura del voto de calidad para dirimir empates. Un no acuerdo prodría servir para atascar el funcionamiento del nuevo Gobierno o para intentar condicionarlo.

Sin embargo, la fortaleza foral del PNV puede resentirse si se empeña en el enfrentamiento. Su posición en Vizcaya es sólida, pero no en Álava y Guipúzcoa, donde no depende de sí mismo.

PRESUPUESTOS SIN PREVISIÓN DE RECAUDACIÓN ¿Bloqueo de las aportaciones?

Si el PNV quiere incomodar al Gobierno a través de las diputaciones, tiene su mejor oportunidad en la reunión ordinaria de octubre del Consejo Vasco de Finanzas. Al menos así lo entiende un ex diputado de Hacienda. Aunque la mecánica de reparto de la recaudación fiscal está prevista en la Ley de Aportaciones vigente, el consejo de octubre fija las previsiones de recaudación del año siguiente y establece el montante que en seis pagos deben entregar las haciendas forales a la autonómica durante el curso siguiente. Si las diputaciones deciden votar en contra del Gobierno y hay un empate a tres votos, se produciría un vacío jurídico bastante incómodo.

El Gobierno debe realizar sus presupuestos sobre estas previsiones y lo mismo las diputaciones. Cada uno debería llevar sus respectivas cuentas a su legislativos sin una estimación de ingresos aprobada. Las diputaciones son las que cuentan con los recursos y podrían retener los pagos si estos no se han determinado o aprobado. Pese a que la situación sería más incómoda para el Gobierno, tampoco es confortable para las diputaciones. También dejaría en un situación difícil a los municipios que no sabrían con qué ingresos forales cuentan para el años siguiente.

El control de la política fiscal ÓRGANO DE COORDINACIÓN TRIBUTARIA

El Órgano de Coordinación Tributaria es otra de esas instituciones de cooperación interinstitucional desconocidas por el gran público. En sus seno se pactan las reformas fiscales y su objetivo es el de armonizar los impuestos entre los tres territorios. Prepara informes y propone, pero luego son las Juntas Generales de cada territorio las que aprueban o no las medidas. Los últimos dos años han visto una desarmonización fiscal en el tipo del Impuesto de Sociedades en Guipúzcoa sin que pasara nada. El riesgo que se corre es que las diputaciones prescindan del Gobierno a la hora de aplicar la política fiscal, un instrumento de política económica que en Euskadi no corresponde al Ejecutivo. El PNV puede querer impulsar su propia política fiscal, pero chocaría con problemas de aprobación en las Juntas Generales, sobre todo en las de Álava y Guipúzcoa. Al Gobierno le quedaría el recurso a la Ley de Armonización, que nunca ha sido utilizada y que los expertos consideran de aplicación imposible.

Las diferencias en el CVF no afectarían en nada al Cupo que se paga al Estado. Este se rige por los criterios de la quinquenal Ley del Cupo, independientemente de lo que recaude o de los conflictos internos

Sin colaboración para gastar PLANES INTERINSTITUCIONALES

La LTH prevé que diputaciones y Gobierno puedan llevar al Consejo Vasco de Finanzas las cuestiones financieras y económicas que consideren pertinentes. Esta puerta ha impulsado los llamados planes interinstitucionales. El pacto para la Ley de Aportaciones trajo consigo la puesta en marcha de un paquete de estas iniciativas interinstitucionales, financiadas sobre todo por el Gobierno: el Plan Marco de Apoyo Financiero a la Inversión Productiva, dotado con 700 millones de euros, 140 más que en el anterior quinquenio; el Fondo para el Desarrollo de las Infraestructuras Sanitarias y Servicios Sociales, con un total de 400 millones, y el Fondo para el Desarrollo de Actividades de Innovación, con 200 millones.

Hay coincidencia general en que estos planes o cualquier otro que quiera impulsar el Gobierno pueden ser vetados por las diputaciones. Tradicionalmente ha sido el Ejecutivo el que ha rentabilizado socialmente estos proyectos, que en los últimos meses se han vendido como un recurso para paliar los efectos de la crisis. El nuevo Ejecutivo socialista se puede encontrar así sin colaboración de las diputaciones para abordar proyectos de inversión conjuntos anticrisis.

LEY DE APORTACIONES Una cuestión aplazada

A Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda Pública de la UPV, no le gustan hacer política ficción. Sin embargo, ve poco probable que se produzca un gran conflicto entre diputaciones y Gobierno en el seno del Consejo Vasco de Finanzas porque su principal tarea es fijar las aportaciones y la actual ley, que prevé en su disposición final por vez primera la posibilidad de ser prorrogada, está en vigor para el quinquenio 2007-2011. Es en esta norma donde se fijan los criterios que debe aplicar el Consejo a la hora de repartir sus fondos. La aprobación de la nueva ley no se plantearía hasta el tercer año de la legislatura y la posibilidad de que se prorrogue automáticamente en caso de que no haya acuerdo reduce la presión sobre el Gobierno. La Ley de Aportaciones, que se aprueba por el Parlamento en lectura única y con un único artículo que recoge el pacto previo en el seno del Consejo, fija la cantidad que del total de lo recaudado deben aportar las diputaciones al Gobierno, el llamado coeficiente vertical que ahora es el 70,04%. También establece el criterio para abordar el reparto entre las diputaciones (los coeficientes horizontales) en función del PIB de cada territorio y garantiza los ingresos muncipales.

Funciones del CVF

- Determinar la distribución de los recursos tributarios recaudados y las aportaciones de los territorios históricos a los presupuestos del Gobierno.

- El estudio y formulación de propuestas al Gobierno y a las Diputaciones sobre cualquier materia relacionada con la actividad económica, financiera y presupuestaria que precise de una actuación coordinada.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 29 de marzo de 2009

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