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El futuro Gobierno

La aplicación de la LTH busca el pacto y no prevé la discrepancia financiera

Las tensiones entre instituciones han sido constantes pese a la hegemonía del PNV

El complicado entramado vasco descansa sobre la conocida como Ley de Territorios Históricos, que regula las relaciones entre las instituciones forales y las comunes. Los grandes conflictos internos en Euskadi siempre se han suscitado sobre esta polémica norma aprobada en 1983. La elaboración y primera interpretación de la LTH fueron el terreno en el que se gestó la crisis que terminó con la ruptura del PNV en 1986, arrastrando al funcionamiento inicial del Consejo Vasco de Finanzas, órgano creado por el artículo 28 de la norma. En su seno están representados paritariamente el Gobierno, con tres votos, y las diputaciones forales, con un voto cada una. Para que salga adelante un acuerdo se requieren al menos cuatro votos. En caso de empate, no prospera.

En 1984 el Consejo de Finanzas tardó 8 reuniones en pactar las aportaciones

El IVA asimilado a la importación bloqueó la previsión de ingresos en 2006

En 2007, la Ley de Aportaciones se aprobó con la abstención de Álava

El 18 de octubre de 1984 el PNV logró poner de acuerdo a sus tres diputados generales y al Gobierno para aprobar las aportaciones, después de ocho dramáticas y maratonianas reuniones previas en las que se pusieron de manifiesto las divergencias en la aplicación de la LTH que alimentaron la crisis abierta entre el Gobierno de Garaikoetxea y el EBB de Arzalluz. En el debate ya se planteó la posibilidad de que el Gobierno, entonces representado por el vicelehendakari, Mario Fernández, tuviera un voto de calidad, una cuestión que zanjó el Tribunal Constitucional cuatro años después. Aquel primer enfrentamiento, que generó una situación de parálisis institucional, es lo más parecido a lo que podría acontecer a partir de ahora si el PNV decide utilizar las diputaciones y el CVF para hacer oposición o entorpecer la gestión del futuro Gobierno socialista apoyado por el PP.

A partir de la segunda mitad de los ochenta, coincidiendo con la cogobernación de peneuvistas y socialistas, regresó la tranquilidad al Consejo Vasco de Finanzas, pese a que EA gobernaba en Guipúzcoa. Las tensiones se recuperaron con el fin de la armonía política institucional. Es cierto que Vizcaya siempre ha sido celosa de los "suyo", pero no es menos cierto que la ocupación del PNV de todos los ámbitos de poder neutralizaba el conflicto.

La llegada del PP a la Diputación de Álava sacó a la luz de nuevo divergencias en el reparto de los fondos públicos. Ya en 2000 se produjeron los primeros roces por la consideración o no como recursos extraordinarios de los ingresos fiscales por la compra de Airtel por parte de Vodafone. Pero, más allá de estas cuestiones puntuales, el PP puso en cuestión el propio reparto desde una perspectiva foralista y en 2002 ya quiso cambiar el peso de las diputaciones y del Gobierno en el reparto de los recursos: los coeficientes verticales que fija la Ley de Aportaciones. Este debate, con un cierto apoyo también vizcaíno, volvió a encontrarse en la negociación de la actual Ley de Aportaciones (2007-2011).

Además, en el camino se cruzó el reparto del IVA de las operaciones asimiladas a la importación (hidrocarburos, alcohol y tabaco). El Consejo Vasco de Finanzas de febrero de 2006 no fue capaz de aprobar las previsiones de reacaudación para el ejercicio en curso por esta cuestión.

Hasta mediados de 2005, era la Hacienda del Estado la que recaudaba este IVA, para después realizar un reparto en función del consumo en cada territorio vasco. La UE dictaminó ese mismo año que tales gravámenes debían ser recaudados en origen por las haciendas forales. Pero esta circunstancia introdujo una distorsión en el sistema de reparto interno de los recursos, debido a la presencia en Vizcaya de la refinería de Petronor.

El conflicto solamente se cerró al lograrse un acuerdo para Ley de Aportaciones ahora en vigor, un pacto que se alcanzó con la abstención de Álava. La ley determinaba que el Fondo de Solidaridad, dedicado a corregir los desajustes financieros, se convirtiera en un Fondo General de Ajuste, y su dotación pasara de ser el 0,75% de los recursos distribuidos al 1% del total. Al mismo tiempo, se decidió repartir el IVA en función de los coeficientes horizontales, los que se fijan para repartir los recursos entre las tres diputaciones en función de su PIB.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 29 de marzo de 2009