Menos austeridad para salir de la crisis

"La economía vasca comparte los mismos problemas que el resto de economías del entorno y sufre la misma desaceleración que ellas". La sentencia corresponde a la revista Coyuntura en un Clic, que edita la Dirección de Economía y Planificación del Gobierno de la semana pasada. Resume perfectamente la situación de Euskadi y el principal reto que se plantea a la economía vasca. El PIB vasco intertrimestral descendió en el último trimestre un 1,1% y es más que probable, como ya anticipa el servicio de estudios de Caja Laboral, que en el primer trimestre del año también sea negativo. El País Vasco entraría, con un ligero retraso, en recesión como ya lo ha hecho el conjunto de España, la Unión Europea y EE UU.

Contra el paro es necesaria la transferencia de las políticas activas

La fragmentación de la industria impide la innovación y la internacionalización

Hay una coincidencia en que la coyuntura precisa diálogo social

Euskadi no se puede permitir que falte mano de obra especializada

El Gobierno vasco en funciones está ya en el tiempo de descuento y será el que salga tras la constitución del Parlamento el que deberá hacer frente al desafío de la crisis, que tiene en la destrucción de empleo uno de los principales desafíos. En febrero Euskadi alcanzó los 115.653 parados registrados en las oficinas del Inem, un 5,05%% más que el mes anterior. Además, el incremento fue superior por segundo mes consecutivo al del conjunto de España, un 4,63%.

En este contexto, las empresas se desangran por la falta de financiación para su actividad diaria, el circulante. Las líneas de crédito puestas en marcha por el Ejecutivo vasco en funciones y por la Administración central no terminan de implantarse y muchas empresas que eran viables hace unos meses, ahora no los son. Los expedientes de regulación de empleo se suceden y las empresas necesitan liquidez para sobrevivir hasta que la economía mundial inicie la remontada. Confebask ya ha alertado de que el dinero puede llegar demasiado tarde.

EL PAÍS ha hablado con varios expertos para determinar cuáles son los principales retos económicos a los que tendrá que hacer frente el nuevo Ejecutivo vasco. Tanto los desafíos a corto plazo como las reformas estructurales a las que deberá dar respuesta.

- Romper con la política de austeridad. Euskadi cuenta con unas cuentas públicas saneadas, sin superávit y sin déficit. Esta premisa, que se ha mantenido como virtud es criticada por Josu Ferreiro, profesor de Economía Aplicada de la UPV, y asegura que hay que romper con esta dinámica. "Se ha olvidado que el gasto público es un elemento esencial para el bienestar y no sólo ahora en crisis", asegura y pone como ejemplo el deterioro experimentado los últimos años en la sanidad vasca. Ferreiro propone un política que proporcione servicios que a su vez generen desarrollo y si se cae en déficit no es un problema. Lamenta que se haya recortado el gasto con grandes dosis de temporalidad en el empleo público, que ha deteriorado los servicios.

- Empleo de calidad. Coincide con Ferreiro Carlos Trevilla, analista político y ex secretario general de UGT Euskadi, quien asegura que "hay margen para invertir" y lograr un modelo que tienda al europeo en gasto social. Pide así que se dé "carpetazo" a las reglas fiscales de la época de expansión. Trevilla asegura que la crisis ha demostrado que la "flexibilidad y debilidad del mercado de trabajo" y que no se debe perder más tiempo con las peticiones de abaratamiento del despido. Asegura que desde el sector público se debe impulsar un modelo de la llamada flexiseguridad, que implica la capacidad de las empresas para mover las plantillas, una mayor cobertura pública de protección y una capacidad de insertar al parado.

Este principio le lleva a demandar como una prioridad la transferencia de las políticas activas de empleo. Euskadi es la única comunidad autónoma que no tiene transferidas esas políticas por la negativa de los sucesivos gobiernos encabezados por el PNV a aceptarlas si no van acompañadas de las políticas pasivas. Las primeras incluyen la intermediación y colocación en el mercado de trabajo, el fomento del empleo, la contratación laboral, la formación continua de los trabajadores y la profesional. Las pasivas son las prestaciones, el dinero que pagan los trabajadores para poder realizar las primeras. Las políticas activas las desarrolla el Inem,

que compite con el servicio Lanbide, dependiente de Empleo. Trevilla recuerda que Dinamarca gasta un 5% del PIB en políticas activas.

- Imaginación fiscal. Joseba Madariaga, profesor de la Comercial de Deusto y responsable del servicio de análisis de Caja Laboral, está convencido de que solamente se saldrá de la crisis cuando se resuelva el problema bancario. Dicho esto, mantiene que echa de menos un "política fiscal original, que incentive a los agentes económicos a cambiar sus hábitos. "No se atreven", dice, y propone seguido oir a economistas como Jesús Fernández-Villaverde y Juan F. Rubio Ramírez, profesores de las universidades de Pensilvania y Duke en EE UU, que el pasado 1 de marzo proponían en un artículo en el EL PAÍS incrementar el IVA un 1% y los impuestos especiales y reducir los impuestos al trabajo en un 2%. También recuerda la propuesta lanzada por Xavier Sala-i-Martin, catedrático de la Universidad Columbia (EE UU), que propone eliminar de forma temporal el IVA. Madariaga lamenta que la clase política no se atreva a impulsar medidas que pueden traer el cambio.

- Diálogo social. Existe una coincidencia general en que el encuentro entre sindicatos y empresarios es clave para salir de la crisis. "La posición de ELA y LAB no lo favorece, pero tampo el marco. el modelo social. habría que reformarlo de raíz si se quiere llegar a acuerdos", dice Ferreira. Para Trevilla es clave el diálogo para que la crisis no la paguen los más débiles.

- Diversificar la producción. Euskadi precisa una política industrial que vaya más allá de los sectores tradicionales. Ferreiro considera que Euskadi no ha sido capaz de desarrollar nuevos sectores ligados a la tecnologías de la información y su economía, pese a los discursos se sigue sustentando en la industria tradicional, como la siderurgia y la máquima herramienta, o en los servicios, como la banca. "No hemos sabido abrirnos", dice. Este concepto lo liga a la innovación, donde reconoce que existe un mayor gasto que en el resto de España, pero que está muy por debajo los países más avanzados. Trevilla también iniste en poner en marcha otro tipo de política industrial.

- Innovación e internacionalización. Uno de los problemas que tiene el País Vasco es el de la dimensión de sus empresas. El tejido industrial está muy fragmentado, lo que precisamente dificulta la capacidad de innovación y la de internacionalización. Es cierto que los últimos años se han hecho esfuerzos en este sentido, pero no es menos cierto que la situación ha cambiado poco. Hay que promover una política industrial de redimensión que permita contar con una masa crítica suficiente para salir al extranjero y para innovar. Ésta es una vieja petición y un antiguo esfuerzo de la propia patronal Confebask. Ferreiro cree que el tamaño es también importante para ayudar a las empresas a captar recursos en este momento de déficit de dinero. El profesor considera que no ha habido una política directa en esta dirección.

- Racionalización del sector público. La red de empresas públicas y participadas ha sido cuestionada por el propio Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Aun así, el crecimiento ha ido en aumento y actualmente el sector público empresarial da empleo a más de 10.000 personas. Ferreiro señala que todo el sector público precisa una "mayor transparencia". "En el presupuesto no se sabe qué y quién gasta", señala Ferreiro, quien también subraya que se opera "sin racionalidad ni justificación económica, política y social".

- Medio ambiente y energía. Madariaga considera que a medio plazo el Gobierno deberá tener presente dos problemas globales: el medio ambiente y la energía. La alta dependencia de exterior hace necesaria una revisión del modelo.

- Política de vivienda. Ferreira defiende que es insostenible un modelo basado en la propiedad. Considera que dotar el sistema con pisos en propiedad y protegidos hace que suba el precio tanto de la vivienda libre como de la propia VPO. Además, obliga a un alto endeudamiento de las familias, incluso de aquellos que no cuentan con recursos. Apuesta por un modelo que no excluya a nadie a través de un parque público de vivienda de alquiler social. "De forma que se evite un despilfarro de recursos públicos y privados", señala.

- Formación. "Hay que poner en orden la universidad y la investigación". Para Trevilla la formación es clave para competir no por costes sino por valor añadido. Ferreiro coincide en que debe existir una conexión entre el mundo educativo y el productivo. "No nos podemos permitir la falta de mano de obra industrial. Es un problema a futuro que forzará a las empresas a trasladarse donde no pase", asegura Ferreira. Esta es precisamente una vieja reivindicación de Confebask que ha llegado a cuantificar en 40.000 los puestos de especialistas demandados en momentos de crecimiento económico.

- Demografía. Madariaga cree difícil "hincar el diente" al problema de la población, pero cree que el envejecimiento de la sociedad va a introducir una seria reflexión en el Estado del bienestar. Llevará a que se incrementen los gastos en áreas como la sanidad y las pensiones. "Dos elementos sensibles donde va a ser difícil mantener la calidad", señala Madariaga recomendando una reflexión sobre lo que fue Osakidetza y dónde está ahora.

- Financiación de las corporaciones locales. La pasada legislatura, pese a las promesas a los ayuntamientos y a su asociación, Eudel, se volvió a cerrar sin una Ley Muncipal. Sobre la mesa estaba la financiación y la definición de competencias que han sido de hecho asumidas por los municipios. No fue posible y Ferreiro cree perentorio fijar un sistema de financiación propio y estable para los ayuntamientos. Van a tener que devolver grandes cantidades de dinero por la merma en la recuadación por los tributos concertados cuando han tenido que prestar servicios sociales que no les corresponden.