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Sudán deja a un millón de refugiados sin ayuda al expulsar a 13 ONG de Darfur

Un brote de meningitis y nuevos enfrentamientos armados amenazan a la población

El presidente de Sudán, Omar al Bashir, ha tomado como rehén a más de un millón de refugiados en Darfur en su pulso contra la justicia internacional. A la orden de detención dictada por la Corte Penal el pasado miércoles y que le acusa de crímenes de guerra y contra la humanidad, Al Bashir respondió el jueves con la expulsión de equipos de 13 ONG que asisten a los desplazados en Darfur. La orden, alerta Naciones Unidas, deja a más de un millón de personas sin ayuda alimentaria y asistencia médica, e interrumpirá los proyectos de saneamiento e infraestructuras básicas iniciados en los últimos dos años.

"Con esta expulsión, Darfur se encamina a una nueva catástrofe", resume Marta Cañas, responsable de programas en Darfur de Médicos sin Fronteras. "La situación había empeorado en las últimas semanas con un brote de meningitis y nuevas oleadas de desplazados. En muchas zonas se estaba llegando al límite. Ahora, con la orden de dejar de trabajar, se deja a cientos de miles de personas en una situación de absoluto desamparo: sin comida, sin medios para conseguir agua y sin las mínimas necesidades cubiertas".

"Jartum hace el peor de los chantajes", dice un trabajador humanitario

Los mensajes de otras organizaciones expulsadas suenan igualmente angustiosos. "Si salimos del país, más de 450.000 personas se quedarán sin asistencia humanitaria urgente y se verán obligadas a valerse sin ningún recurso de agua y alimentos", asegura un portavoz de Acción contra el Hambre, mientras Save the Children señala que "la vida de cientos de miles de niños está en peligro". Francisco Yermo, de Oxfam, alerta de que "el riesgo ahora es que también se pierda todo el trabajo hecho, ya que el Gobierno de Sudán está confiscando equipos informáticos y otros bienes de las organizaciones expulsadas".

El desconcierto imperaba ayer entre las ONG afectadas, ya que la decisión de Jartum no las afecta a todas por igual ni se extiende a todos sus equipos desplazados a Darfur. Médicos sin Fronteras, por ejemplo, ha recibido la orden de que abandonen el país sus equipos procedentes de Holanda -que asisten a 200.000 personas en los campos de Kalma, Muhajariya y Feina- y Francia -170.000 refugiados en Niertiti y Zalingei-, pero Jartum no ha dicho nada a otros equipos españoles, belgas y suizos que también trabajan en Darfur.

Esta actuación del régimen alimenta la impresión de que Jartum está "haciendo el peor de los chantajes: poner cientos de miles de personas sobre la mesa ante la comunidad internacional para intentar que quede sin efecto la orden contra Al Bashir", afirma un responsable humanitario que pide el anonimato ante lo delicado de la situación sobre el terreno. Ésta es especialmente grave en uno de los mayores campos de Darfur, Kalma, donde viven más de 90.000 refugiados, y en localidades como Niertiti. "El brote de meningitis se ha extendido. Teníamos diseñado un plan para vacunar urgentemente a 121.000 personas. Todo el trabajo se ha interrumpido ahora y la población quedará a expensas de la enfermedad", explica Cañas.

El segundo mayor foco de inestabilidad en las últimas semanas han sido los enfrentamientos mantenidos en Darfur Sur por facciones rebeldes con las tropas del Gobierno, lo que ha provocado nuevas oleadas de desplazados (entre 20.000 y 50.000 personas, según la fuente) que han llegado a los saturados campos de Darfur Norte, como el de Shangil Tobai.

La expulsión de ONG no afecta al sur de Sudán -bajo control del Gobierno autónomo surgido tras la cruenta guerra civil que enfrentó al norte musulmán con el sur cristiano-, donde las organizaciones siguen trabajando sin problemas. Pero sí pone en riesgo otra delicada zona del país: las provincias -Abyei, Kordofan Sur y Nilo Azul- denominadas de "transición" entre el norte y el sur, según International Crisis Group. "Los acuerdos de paz trazaron una frontera inestable, con comunidades alejadas de sus poblaciones afines. La tensión se ha contenido hasta ahora gracias a las inversiones y a los programas de asistencia. Al expulsar también a ONG en esta zona, Jartum está disparando el riesgo de desestabilización", afirma Nick Grono.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 7 de marzo de 2009