La izquierda sienta las bases de la futura ley de plazos para el aborto

Los fundamentos para una futura Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), basada en plazos y supuestos, se pusieron ayer en el Congreso después de que los grupos parlamentarios de la izquierda aprobaran unas conclusiones que el Gobierno tendrá absolutamente en cuenta para elaborar un proyecto de ley. Este apoyo hará posible una mayoría parlamentaria para aprobar la reforma en el futuro. "Hoy es un día muy importante para los que luchan por los derechos de la mujer, por los derechos civiles y para mi gremio, los salubristas", dijo el diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares, médico de profesión.

En efecto, la izquierda parlamentaria rezumaba satisfacción después de seis meses de trabajo de la subcomisión creada para examinar alternativas a la actual legislación, que terminó ayer con la votación de las conclusiones en la Comisión de Igualdad del Congreso, presidida por la ex ministra Carmen Calvo.

Moneo: "Ustedes quieren más aborto; el PP quiere ayudar a la mujer"

Los aliados del PSOE retiraron sus votos particulares en pro del acuerdo

Los trabajos han estado rodeados de alta tensión por el choque frontal entre derecha e izquierda. "Ustedes quieren añadir más aborto al mucho aborto que hay en España e invitan a las mujeres a abortar; mi partido las quiere ayudar", proclamó la diputada del PP Sandra Moneo antes de que su grupo votara en contra de las conclusiones de la subcomisión. Sólo el PP rechazó el texto. El PNV se abstuvo y CiU no participó en la votación.

El peneuvista José Aguirretexea justificó su actitud porque el Gobierno ha pretendido que "el Congreso le haga los deberes". Los del sí -BNG, IU-ICV y ERC- pidieron que ahora el Gobierno no dé un paso atrás y que apruebe una ley con estos criterios. Como gesto de buena voluntad retiraron sus votos particulares, aunque sí pidieron a la presidenta, Carmen Calvo, que se publiquen sus conclusiones en el Boletín oficial.

El proyecto fijará previsiblemente 14 semanas para el aborto libre, es decir, sin "supervisión de terceros", combinado con la previsión de varios supuestos o indicaciones. Éstos tendrán en cuenta el grave peligro para la vida o salud de la embarazada; que se detecten graves anomalías físicas o psiquícas en el feto o malformaciones o enfermedades graves en el mismo incompatibles con la vida. En estos supuestos, el límite estará probablemente en 22 semanas, aunque el Gobierno aún no lo ha cerrado. Ese máximo es una novedad, ya que ahora no hay plazo para abortar en el caso de riesgo para la salud psíquica de la madre.

También es una novedad la reconducción de la interrupción del embarazo "al régimen sanitario ordinario", en el cual se reconoce a las menores la capacidad "para decidir autónomamente a partir de los 16 años", sin autorización de padres o tutores.

El PP pretende dejar la legislación como está, es decir, una despenalización en tres supuestos de un delito, pero no una ley específica de reconocimiento de un derecho. Y con más control y con la reinstauración de un comité de evaluación, que desapareció en 1986, para decidir si autoriza el aborto. También pidió un plan de apoyo a la maternidad.

La portavoz socialista, Carmen Montón, censuró al PP por reavivar un debate de hace 20 años, en torno al sí o no al aborto, cuando la sociedad tiene asumida la existencia de esta práctica en España. No aceptó Montón la disyuntiva entre apoyo a la maternidad o aborto: "Ningún Gobierno como éste apoya tanto a la familia".