Debate entre tinieblas

Con demasiado retraso, el presidente del Gobierno aceptó ayer en el Congreso la gravedad de la recesión económica y las destructivas consecuencias de la crisis financiera. Su análisis de que "nos encontramos ante la peor recesión de carácter global de la historia reciente" debió haber llegado antes, igual que las medidas económicas articuladas para mitigarla. Ante el Pleno de la Cámara reunido para debatir sobre la situación de la economía, Rodríguez Zapatero esbozó dos líneas de acción, complementarias, aunque de efectos forzosamente parciales. Por una parte, se ratificó en la idea de que los desempleados no serán abandonados a su suerte y que se mantendrá e incluso aumentará el gasto en prestaciones para los que pierdan su puesto de trabajo. En coherencia con ese criterio, el presidente anunció un recorte de gasto público de 1.500 millones para atender el gasto social derivado de la crisis, y en especial la prestación por desempleo.

De esta forma, el presidente del Gobierno se desmarca de las medidas de política económica propuestas por otros grupos políticos, entre ellos el PP, que relegan las obligaciones de protección social y se centran en planes de reducción de impuestos y de cotizaciones sociales. Pero, aunque la preocupación por la cobertura social es un rasgo diferenciador, en sí mismo loable, de la política que defiende el Gobierno, el discurso de Rodríguez Zapatero persiste en varias debilidades de enfoque de la crisis y que están en la raíz de la desconfianza que provoca la política económica entre los agentes económicos y sociales.

La primera y más importante es que sigue sin exponer un diagnóstico realista y coherente de la recesión. Cierto, reconoce verbalmente la gravedad del momento, pero el mensaje subterráneo, evidente en el gusto por adoptar tan sólo medidas de corto plazo, sigue siendo que estamos ante una situación pasajera, que acabará probablemente en 2009 y cuyo principal tratamiento es el paso del tiempo. Frente a esta percepción miope, ayer se hizo oír la voz del presidente estadounidense Barack Obama, con una reflexión seca y concluyente: "Si hacemos poco o nada, la recesión se convertirá en una catástrofe".

La segunda gran debilidad, consecuencia del alicorto diagnóstico, es la resistencia del Gobierno a plantear un plan bien reflexionado que estimule la generación de empleos estables en sectores con futuro. Hasta hoy, la mayoría de las medidas aprobadas son de urgencia. Pretenden contrarrestar los efectos de la crisis estimulando la creación rápida de empleo. Pero el modelo económico español ya no puede sustentarse sobre el empleo precario, como el que ofreció la burbuja inmobiliaria durante 12 años. Los parches para hoy, como el plan de inversión municipal, deben ir acompañados de otros para estimular actividades con futuro en los próximos 10 años. Es, en palabras del presidente, "el carril que hay que coger para salir de la crisis"; pero no es creíble que, como propuso con una simplificación estridente, el peso de la construcción en el patrón de crecimiento vaya a ser sustituido por las energías renovables y la sostenibilidad.

También quedó claro que el Gobierno no gestiona bien sus propias decisiones. Una de las contadas oportunidades en las que el líder de la oposición, Mariano Rajoy, superó su huero catastrofismo fue cuando denunció el desorden de las medidas económicas. Tiene razón: el Gobierno debería estar preocupado por el seguimiento y rentabilidad de las medidas que toma. No hay constancia de esa preocupación. Para recuperar la confianza social no es necesario que el Gobierno se abone al discurso apocalíptico, ni que ponga en marcha grandes artilugios políticos, como ese pacto económico que se propugna en algunos frentes de opinión. Basta con que afine su diagnóstico y proponga a los ciudadanos una visión económica que vaya más allá de 2009.