Un modelo de gestión bajo sospecha

¿Quién garantiza que no hay más irregularidades en las demás sociedades participadas con fondos públicos? Tal es la sombra de la duda que van a dejar expandida las conclusiones de las comisiones de investigación sobre los casos Guggenheim y Balenciaga. La pregunta fue formulada por la parlamentaria de Aralar, Aintzane Ezenarro, a la consejera de Cultura, Miren Azkarate, en abril pasado por la situación del museo bilbaíno y todavía no tiene respuesta. Nadie lo garantiza porque nadie puede hacerlo.

Y nadie puede hacerlo porque todas las llamadas empresas participadas, aquellas en las que intervienen una o varias administraciones, pero ninguna tiene más del 50% del capital, aunque puedan estar íntegramente sufragadas con fondos públicos, se han construido y funcionan sobre el mismo modelo de gestión, ajeno a los controles públicos, que ha permitido ambos escándalos y el consiguiente quebranto a las arcas públicas.

Existen más de cien sociedades del tipo de las que causaron los dos escándalos

Ese modelo, que el Gobierno ha defendido a capa y espada, ignorando las advertencias y requerimientos del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas -que, entre otras cosas pedía auditorías anuales y doble firma en las operaciones bancarias- y las reclamaciones de transparencia de la oposición es lo que ha quedado en evidencia. Y en evidencia termina también el propio Ejecutivo por su resistencia pétrea a modificar las condiciones de esas empresas de fondos públicos para someterlas al control parlamentario y del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, incluyéndolas cada año en la ley de Presupuestos. La ponencia que estudió la modificación de la normativa de Régimen Presupuestario le dio indicaciones en ese sentido, pero el proyecto de ley enviado por el tripartito, todavía en trámite en la Cámara, no las recoge.

De esa resistencia proviene la dureza con que la oposición ha tratado a Azkarate en los casos Balenciaga y Guggenheim. "Usted, señora Azkarate, ha hecho resistencia activa contra la implantación de mayores controles para vigilar el dinero público", le acusó la socialista Isabel Celaá en una de sus comparecencias.

La información facilitada al Parlamento en su día por la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, en respuesta a una solicitud del PP, permite precisar que el Ejecutivo está presente con esa fórmula en un total de 104 sociedades. El PP, sin embargo, comprobó que en el listado remitido faltaban empresas. Su portavoz en la materia, Antón Damborenea, dedujo de ello que el Gobierno ni siquiera sabe a cierta cierta en cuántas sociedades se halla presente. Así lo advirtió también un informe realizado por profesores de la UPV sólo sobre las sociedades en que participa el Departamento de Agricultura. Damborenea calcula que su número total se puede acercar en realidad a las 150.

Toda esta "explosión burocrático-parapública", en palabras del consejero del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas Rafael Iturriaga, se produjo durante unos años de gran legitimidad política nacionalista.

"Las fórmulas pseudoprivadas de gestión de estas sociedades favorecen, entre otras cosas, el acceso a los empleos públicos de las personas seleccionadas por criterios de amistad o cercanía política", añade. Es decir, se obvian los criterios de igualdad, mérito y capacidad en aras de una gestión supuestamente "moderna y eficiente" libre de las trabas y ataduras de la legislación. También permite fijar libremente los sueldos de los directivos y el personal contratado.

Esta "huida del Derecho Administrativo" ha sido "consentida y aplaudida por el propio sistema político", apunta. "Cuando alguien proponía la creación de un nuevo chiringuito pseudopúblico para la gestión moderna y eficiente de cualquier área, nadie decía nada. Unos esperaban pillar y otros, o bien esperaban pillar luego o bien eran incapaces de oponer una opinión a la dominante de que la gestión es mejor cuanto más privatizada".

Las conclusiones de ambas comisiones van a convertirse así en un auténtico proceso a la totalidad de este sistema.