El PSE pretende "controlar el desgobierno" en las empresas con fondos públicos

El control del desgobierno. Tal es la aspiración de la parlamentaria socialista Joana Madrigal con su enmienda a la totalidad a la reforma de la ley de Régimen Presupuestario planteada por el Ejecutivo. Madrigal ha presentado además un texto alternativo cuyo objetivo es que se recoja de manera expresa qué se entiende por sector público vasco. La idea es que, aunque la Administración no controle el 51% de una sociedad, ésta sea reconocida como pública en la medida en que el tripartito tiene una posición de dominio.

"Los casos Guggenheim y Balenciaga han puesto de manifiesto que todas estas sociedades instrumentales que no son de nadie se constituyen con intención de zafarse de los controles rígidos que lógicamente impone la Administración. Y luego pasa lo que pasa", dice la parlamentaria del PSE.

Madrigal ha batallado toda la legislatura por acabar con ese descontrol y ahora tiene la oportunidad, aunque es probable que la legislatura concluya antes de que se pueda debatir su propuesta en la Cámara. "El modelo que ha impuesto el PNV da pie a que no haya profesionalidad. Los gerentes y gestores de esas sociedades se eligen por conveniencia política o amistad. Y para el resto de personal tampoco hay una selección basada en los principios de publicidad y concurrencia. La profesionalidad queda al margen", incide Madrigal.

Como fruto de todo ello, los ejecutivos contratados libremente, como los casos de Mariano Camio en el caso Balenciaga, y Roberto Cearsolo en el del Guggenheim, tienen una capacidad extraordinaria para hacer y deshacer. Y como nadie fiscaliza las cuentas, pueden campar a sus anchas.

Sin riesgo y sin control

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas también ha venido dando la batalla para cambiar el modelo por el que se rigen las sociedades instrumentales, con capital público dominante. El consejero del órgano auditor Rafael Iturriaga critica la existencia de un "excesivo artificio que gestiona servicios públicos y se nutre de dinero público", pero que está revestido de una apariencia de empresa privada con la única consecuencia de que "se pierde el control desde el poder político y administrativo".

"Se pierde esta capacidad de control y no se sustituye por ninguna otra pues, a diferencia de lo que ocurre en las empresas privadas de verdad, aquí no hay un capitalista que mire por sus inversiones. Hemos vivido el juego del capitalismo sin riesgo y de la burocracia sin control. Algo mucho peor que la burocracia pura o que el capitalismo competitivo", concluye Iturriaga.