Franco en el banquillo

Setenta años después del fin de la Guerra Civil española, y transcurridos 32 años del restablecimiento de la democracia, un juez español ha abierto una causa contra los crímenes del dictador Francisco Franco y sus secuaces por ordenar y ejecutar la eliminación sistemática de sus enemigos políticos entre 1936 y 1952. El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón dictó ayer un auto en el que se declara competente para juzgar los hechos denunciados por varias asociaciones de familiares de víctimas del franquismo. Apoya su decisión en que constituyen delitos contra la humanidad, y elabora, partiendo de esta calificación, una doctrina en la que reclama para la Audiencia Nacional la competencia sobre aquellos hechos.

La decisión de Garzón supone, como él mismo recoge en su auto, "una forma de rehabilitación institucional ante el silencio desplegado hasta la fecha". Aquí radica el valor fundamental de la iniciativa para las víctimas del franquismo y sus familiares, más allá del recorrido que en los tribunales tenga el procedimiento iniciado por Garzón, amenazado por el recurso de la fiscalía. Frente a los que arguyen la falta de encaje de esta iniciativa en el marco jurídico español y de quienes, como el PP, acusan a Garzón de montar un espectáculo a costa de reabrir viejas heridas, sólo cabe recordar un principio de cualquier democracia: ningún Estado puede borrar sus propios crímenes.

El mérito de Garzón, de consecuencias previsiblemente más simbólicas que jurídicas, es el de afirmar que habría sentado en el banquillo a Franco y sus lugartenientes si hubieran estado vivos. El auto ordena, además, la exhumación de las fosas comunes señaladas por los denunciantes, reiterando y preservando el papel que corresponde al Estado en el levantamiento y la identificación de los cadáveres. Es difícil disentir desde el compromiso democrático de unas iniciativas que para muchos descendientes de tantos asesinados suponen, por fin, un acto de reparación.

Realizar, 70 años después, un juicio virtual a Franco es imprescindible para el futuro de un país que no ha sido capaz de enfrentarse a las miserias de su pasado, lo que sí han hecho otros que también han sufrido experiencias traumáticas. El linchamiento público de que ya está siendo objeto Garzón da idea del déficit democrático que sufre España, derivado en gran medida de no haber afrontado sus fantasmas cuando le hubiera correspondido.