Presupuesto temeroso

El ejercicio sobre el que van a extender su vigencia los Presupuestos Generales del Estado, cuyo borrador aprobó el viernes el Gobierno, constituirá el inicio de una nueva época en la economía española. En 2009 es muy probable que apenas crezca, al tiempo que su tasa de paro volverá a diferenciarse negativamente del promedio de la europea. El sector exterior no podrá ejercer el relevo sobre una demanda doméstica desplomada, en primer lugar, porque nuestros principales clientes europeos estarán igualmente inmersos en una senda de intensa desaceleración; pero, muy especialmente, porque no tendremos mucho que venderles. La competitividad española sigue acusando la excesiva especialización en sectores huérfanos de conocimiento y ventajas propias de una economía moderna, avanzada.

Con los datos hoy disponibles no es posible atisbar el fin de esa fase de muy bajo crecimiento y elevado desempleo. La persistencia de la crisis crediticia internacional golpea también de forma diferencial a la economía española, una de las más dependientes de esos mercados mayoristas de crédito que siguen hoy prácticamente cerrados.

Frente a un escenario tal, el principal objetivo que deberían haber tenido estos Presupuestos es la amortiguación de la severidad de la crisis y el fortalecimiento de la base de capital público de la economía en aquellas dotaciones que la experiencia muestra como esenciales para ganar competitividad. No ha sido así. Tratan de insinuar ese propósito, pero luego no se refleja en las asignaciones de recursos. No parecen los presupuestos de un país más amenazado que el promedio de la OCDE, pero con mucha menos deuda pública. Apenas crece, por ejemplo, la inversión en educación, central en la garantía de la igualdad de oportunidades, pero también en la atracción de inversiones extranjeras directas o en la disposición de capacidad exportadora de bienes y servicios con mayor valor añadido.

Hay en los presupuestos mayor temor al qué dirán del déficit que a las pérdidas efectivas de bienestar que van a sufrir los españoles derivadas de la caída de la actividad o de la cancelación creciente de proyectos de inversión de pequeñas y medianas empresas. Parecen reflejar un cierto cansancio, apenas iniciada una crisis que en otros países está exigiendo a sus Gobiernos actuaciones tan excepcionales como la naturaleza de las amenazas.

Es un error partir de la concepción de que hay que dejar que se toque fondo, para que así se ajuste la situación por sí sola. Hay que evitar males peores que los ya evidentes. Y la primera forma de hacerlo es tratando de normalizar el funcionamiento del mercado de crédito. No abaratándolo, ni transfiriendo recursos de los contribuyentes a sectores concretos, sino subsanando cuanto antes ese fallo de mercado que está gangrenando las posibilidades de crecimiento a medio plazo de nuestra economía y, en todo caso, la necesaria modernización de su sistema productivo.