Medicina

Supongamos que en un futuro imprevisiblemente próximo gana las elecciones andaluzas una banda de malvados tipo Hitler. El partido nazi apenas ocupaba un tercio de la cámara en enero de 1933, 196 escaños de un total de 584, pero Hitler empezó a gobernar entonces gracias a la coalición de nazis, nacionalistas populares, independientes y católicos de centro. Supongamos que esa banda imaginaria administra la región y se encuentra con la posibilidad de utilizar en los hospitales una ley que, para defender el derecho a una muerte digna, prohíbe a los médicos adoptar "medidas injustificadas e inútiles de prolongación de la vida" en enfermos terminales, bajo amenaza de castigos económicos entre 60.001 y un millón de euros.

Según informaba Reyes Rincón el miércoles en estas páginas, el Consejo de Gobierno de la Junta ya tiene preparada una ley así, y estoy seguro de la buena voluntad de sus miembros: quieren proteger clínicamente a los enfermos y legalmente a los médicos. No quieren que ningún enfermo sea sometido a tratamientos innecesarios que ni curan ni consuelan, peores que la enfermedad y vía hacia una muerte molesta e inacabable. Para casos así, y demostrando un gusto muy actual por la palabrería sensacionalista, la imaginación lingüística contemporánea ha forjado las etiquetas de encarnizamiento terapéutico y ensañamiento terapéutico. Esa unión contradictoria y violenta de dos palabras incompatibles suena a aberración, y es un síntoma del estado mental y moral de la época. O hay encarnizamiento o hay deseo de curar. Para expresar más suavemente la misma idea, los más equilibrados hablan de obstinación terapéutica.

El anteproyecto de ley de la Junta también quiere librar a los médicos de la amenaza de la justicia, que podría perseguirlos por ayudar a morir a enfermos desahuciados que quisieran morir. Y, a la vez que cubre a los médicos frente al Código Penal, la nueva ley les evitaría, bajo amenaza de multa, incurrir en otro posible delito: convertir en trato degradante el tratamiento del enfermo, despreciando su voluntad o la de sus representantes, ultrajándolo con indeseadas manipulaciones físicas y químicas. La nueva ley obligaría al médico a suspender el tratamiento que mantiene con vida al paciente antes de caer en eso que ahora llaman obstinación terapéutica.

Si el médico piensa que, ante determinado caso, no debe obstinarse en curar o aliviar, necesitará que otros dos médicos respalden su opinión y, si los familiares del enfermo disienten del criterio clínico, habrá de recurrir al comité de ética del hospital. Prevalecerá siempre la decisión final del médico, aunque no sé si contaría algo la petición expresa, seria e inequívoca de un paciente que quisiera ser mantenido con vida aun a costa de sufrir lo insufrible o simplemente vegetar. En el propio anteproyecto de ley parece existir una contradicción: cabe entender que manda a los médicos respetar las preferencias del paciente en la toma de decisiones clínicas.

Está muy bien la prohibición de hacer padecer innecesariamente a los enfermos, pero esta ley es preocupante. Aunque sea un disparate pensar ahora mismo en la posibilidad de que el gobierno de Andalucía caiga en manos de depravados, tampoco parece más normal suponer la existencia de médicos sádicos, réplica del Doctor Muerte de los campos nazis. ¿No se podría usar esta ley en el futuro para ordenar a los médicos, bajo amenaza de multas de un millón de euros, que retiren las "medidas injustificadas e inútiles en la prolongación de la vida", dejen de obstinarse en tratar a ciertos enfermos incurables y, por el bien común, contribuyan a limpiar los hospitales de pacientes recalcitrantes que sólo aumentan el gasto en sanidad? Aunque resulte aterrador pensarlo, es un uso que admite la ley. Y no creo que sea buena una ley que en manos de desalmados podría convertirse en un arma criminal.