Problema pospuesto

Un acuerdo de última hora permitió al presidente del Gobierno no comparecer ante un pleno extraordinario del Congreso para dar cuenta de las negociaciones sobre la financiación autonómica. El Partido Socialista no tenía dudas de que, de las dos peticiones de comparecencia, la del Partido Popular no prosperaría: los restantes grupos de la Cámara habían anunciado su voto en contra. No sucedía lo mismo con la de ICV, que contaba con el respaldo de una mayoría de diputados.

El acuerdo para que ICV renunciara a su iniciativa fue conducido por la vicepresidenta Fernández de la Vega. No deja de sorprender que un asunto parlamentario se condujera desde el Ejecutivo, no desde el grupo socialista. La elección de la interlocutora hace suponer que no se trata de un acuerdo limitado a activar, o en este caso desactivar, procedimientos de control parlamentario, sino que abre las puertas al fondo de la discusión sobre la financiación autonómica.

Las peticiones de comparecencia no tenían como propósito avanzar en un acuerdo que debería existir desde el pasado 9 de agosto, según las disposiciones del Estatuto. La del Partido Popular pretendía complicar la posición del Gobierno, ya de por sí difícil. La de ICV, por su parte, esperaba mejorar la posición de los partidos catalanes en la negociación. Son maniobras legítimas en ambos casos, pero nadie debería perder de vista lo que está en juego: el acuerdo sobre la financiación es rigurosamente imprescindible para el sistema autonómico, y no conviene dejarse llevar por una política de bajos vuelos en este asunto.

Zapatero ha salvado un escollo, pero nada más que eso. Es probable que, en el curso de la negociación con ICV, haya pagado gran parte del coste político que pretendía ahorrarse no compareciendo ante la Cámara. La evidencia de que el Gobierno está en minoría ha quedado patente, por más que la habilidad y, sin duda, las promesas de la vicepresidenta hayan permitido que esa evidencia no tuviera una traducción inmediata.

La estrategia seguida por el Gobierno ha consistido en posponer los principales problemas y, entre ellos, éste de la financiación. Eso significa incrementar la presión política bajo la que habrá que negociar los presupuestos. Es de esperar que el Gobierno sepa sortearla, puesto que la alternativa de una prórroga no es deseable en ninguna circunstancia, pero menos aún en la situación económica que atraviesa el país en estos momentos.

El acuerdo entre Fernández de la Vega e ICV prevé la comparecencia del vicepresidente Solbes, algo que se atiene a la lógica. Pero incluye, además, el compromiso de que el acuerdo se alcanzará en el plazo de tres meses. Se trata de una manifestación de voluntad que la realidad se encargará de confirmar o desmentir. En cualquier caso, el Estatuto no dejaba los plazos a la libre disposición de los partidos. En este punto al menos, se ha pactado sobre la base de un incumplimiento.