Cemex recurre la expropiación de su filial venezolana
El gigante Cementos Mexicanos (Cemex), tercero en la escala mundial, demandará a Venezuela en los tribunales internacionales por la confiscación y la expropiación forzosa de su filial en ese país.
La empresa mexicana, que produce la mitad del cemento venezolano, aseguró en un comunicado que el Gobierno de Hugo Chávez ha violado "la Constitución, la ley de Expropiación y otras leyes de Venezuela, además de no respetar los principios del Derecho Internacional y los tratados para la protección recíproca de inversiones".
Cemex recurrirá al arbitraje internacional porque considera que la expropiación se realizó "sin previa indemnización, justa y efectiva y sin previo procedimiento de expropiación". La cementera, que tiene presencia en decenas de países, aclaró que no aceptó la propuesta de compensación ofrecida por Venezuela en el proceso de nacionalización de sus activos al considerar que la oferta estaba muy por debajo del valor real.
Trato discriminatorio
Cemex pedía 1.300 millones de dólares (875 millones de euros) de indemnización, demanda a la que el Gobierno de Chávez respondió con una valoración cercana a los 400 millones de dólares, que luego elevó hasta 650 millones (437 millones de euros), la mitad de lo solicitado.
Una cifra, según los mexicanos, proporcionalmente inferior a la ofrecida a otras dos cementeras extranjeras intervenidas, la francesa Lafarge y la holandesa Holcim. "La oferta presentada a Cemex es menor, proporcionalmente, a lo ofrecido a las empresas europeas, considerando índices de valor por tonelada de capacidad instalada y múltiplos de EBITDA (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)", dice la empresa en su comunicado, en el que reitera su disposición al diálogo.
La expropiación, materializada el lunes pasado, y de la cual el Gobierno de Chávez avisó dos meses antes, ya había provocado reacciones mexicanas. El embajador de México en Venezuela, Mario Chacón, declaró a la prensa en Caracas que Cemex no tuvo el mismo trato que Lafarge y Holcim. "Como Gobierno respetamos la decisión de los poderes venezolanos, pero estamos obligados a velar por los intereses de nuestras empresas. Consideramos que ha habido un trato discriminatorio con Cemex y no entendemos por qué".
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