El Ayuntamiento de Alicante permite una industria tóxica sin licencia

El Ayuntamiento de Alicante, que preside Luis Díaz Alperi, del PP, consiente la actividad de una fábrica de lacados de aluminios, instalada en la partida de Agua Amarga, al sur de la ciudad, que no cuenta con licencia municipal y cuyos vertidos son tóxicos, según un informe pericial. La carencia de la licencia de actividad de la fábrica está recogida en un informe del asesor jurídico del Consistorio firmado el pasado día 2. Los vertidos de la instalación a un pozo ciego también son objeto de una investigación judicial a raíz de una denuncia de Ecologistas en Acción del País Valenciano y motivo de un expediente sancionador de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

El gerente de Urbanismo revocó un decreto de cierre de la concejal

La industria Eurocolor Acabados Metálicos, S A, fue clausurada mediante un decreto de la concejal de Urbanismo, Sonia Castedo, el 6 de noviembre de 2007. El decreto incluía la denegación de la licencia de actividad y la suspensión inmediata de su funcionamiento. Esa orden fue revocada el 24 de enero de este año mediante otro decreto de un departamento municipal de rango inferior, la Gerencia Municipal de Urbanismo. Este negociado justificó la resolución en "la importancia de los prejuicios que pudieran causar con el cese de la actividad". El decreto de la Gerencia se produjo dos días después de que la empresa activase la vía de lo contencioso-administrativo. Sin embargo, el supuesto perjuicio que alega la firma es cuestionado por el asesor jurídico del Ayuntamiento en un escrito remitido al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 3. El letrado asegura que la empresa no ha acreditado "los gravísimos" perjuicios que le ocasionaría el cese. El informe también subraya que Eurocolor "nunca dispuso de licencia" para la actividad que pretende realizar.

La toxicidad de los vertidos, que la fábrica realiza a un pozo, dado que carece de red de alcantarillado para sus aguas residuales, se recoge en un informe pericial realizado por el Instituto de Medicina Legal de la Universitat de València para el juzgado que instruye la denuncia de los ecologistas. "La inyección directa de las aguas depuradas de la empresa Eurocolor constituye una mala solución técnica y un grave riesgo para el equilibrio de los sistemas naturales y la salud de las personas", concluye el estudio.