Un informe de Salud apoya la petición de los afectados del uranio

La resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en la que se rechaza el reconocimiento de enfermedad profesional a los ex trabajadores y viudas de antiguos empleados de la Fábrica de Uranio de Andújar (FUA) ha puesto al descubierto las diferencias que separan en este tema al Gobierno central y a la Junta de Andalucía. El vicepresidente primero andaluz, Gaspar Zarrías, dejó ayer claro que la Junta "no comparte" la citada resolución que, a su juicio, no ha tenido en cuenta un informe realizado en septiembre de 2007 por la Consejería de Salud en el que se avala la tesis de los antiguos empleados de la FUA, según la cual sus patologías -sobre una plantilla de 126 trabajadores han fallecido ya 55- están vinculadas a su exposición al uranio durante los 22 años que estuvo operativa la escombrera, que cerró sus puertas en 1981.

En el informe "científico-técnico", suscrito por el subdirector de inspección de servicios sanitarios, Juan de Dios Villar Doncel, se indica que de las pruebas practicadas a los ex trabajadores se desprende que "han existido daños en aparato respiratorio, en riñones y aparato excretor, daños inmunológicos, hematológicos, metabólicos y una mala percepción de la calidad de vida asociada al estado de salud". Y se concluye: "Hay una evidencia entre la exposición prolongada al polvo de uranio y una determinada constelación de patologías, e inclusive no se pueden descartar posibles daños tardíos sobre el ADN con latencia prolongada, que hayan provocado una mayor incidencia de neoplasias en esta población, aunque el principal efecto del uranio es el tóxico.El informe de la Junta de Andalucía fue remitido al Ministerio de Trabajo, del que depende el INSS, mientras que los trabajadores se sometían a nuevos reconocimientos médicos tanto en el hospital Gregorio Marañón de Madrid como en el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat), ahora dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación. Finalmente, el tribunal médico del Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI) del INSS no tuvo en cuenta el informe de los profesionales sanitarios andaluces y se decantó por los argumentos esgrimidos por el Ciemat que coinciden en varios puntos con los expedientes desfavorables que han recibido la mayor parte de los antiguos empleados de la FUA.

El director general del INSS, Fidel Ferreras, defendió ayer la imparcialidad del tribunal médico, compuesto por inspectores del Estado, de la Junta de Andalucía e inspectores de Trabajo, y apuntó que el informe de la Consejería andaluza de Salud se hizo desde una perspectiva global para todo un colectivo. "Los derechos globales no existen en la Seguridad Social", subrayó Ferreras, tras recordar que las prestaciones de incapacidad se aprueban de manera individualizada. En este sentido, desveló que el INSS ha emitido seis expedientes favorables reconociendo la enfermedad profesional, dos de ex trabajadores de Andújar y otros cuatro de antiguos de otras provincias que pasaron por la escombrera jiennense.

Ferreras fue incluso más lejos al afirmar que, aún en el caso de que se acreditara la relación causa efecto entre las patologías y las radiaciones ionizantes: "Eso no significaría el reconocimiento de incapacidad profesional".

Un criterio que no compartió ayer Gaspar Zarrías, para quien el informe de la Junta deja "margen suficiente" para dar respuesta a las pretensiones de la plantilla. "Lo único que hay es otro criterio científico que yo no comparto, pero que respeto", agregó Zarrías, que admitió que este problema tiene una solución "hoy por hoy, complicada".