Los barones del PSOE se comprometen con Zapatero a pactar la financiación
Los presidentes expusieron sus problemas pero rehuyeron el enfrentamiento
"El acuerdo sobre financiación autonómica requiere un acuerdo amplio, pero permítame que primero lo alcancemos en las filas propias, seguro que usted lo entiende". Esta fue la justificación que el presidente José Luis Rodríguez Zapatero expuso en el pleno del Congreso cuando el líder del PP, Mariano Rajoy, le recriminó, por celebrar anoche una reunión de presidentes autonómicos sólo socialistas. En efecto, anoche, el presidente del Gobierno invitó a cenar en el palacio de la Moncloa a los presidentes socialistas y a la vicepresidenta del Gobierno cántabro, Dolores Gorostiaga. Se trataba de crear un marco de confianza una vez constatado que las aguas socialistas fluyen con cierta turbulencia por las demandas de Cataluña. Zapatero, junto a su vicepresidente económico, Pedro Solbes, se comprometió a conciliar los intereses de todas ellas.
Parece que no habrá guerra de familia. Esta es la impresión que ayer extrajeron los presidentes autonómicos socialistas, miembros del Gobierno y del PSOE, después de compartir mesa y mantel durante tres horas y media de cena en La Moncloa convocados por José Luis Rodríguez Zapatero. "Existe la voluntad compartida de avanzar", señaló uno de los presentes al término de la reunión. "Ha sido muy útil porque hemos entrado en el fondo de los problemas que cada uno de nosotros tiene". En efecto, la voluntad de acuerdo se puso de manifiesto muy pronto porque todos evitaron el enfrentamiento. Desde luego, "nadie ha criticado a José Montilla pero él también ha sido muy respetuoso con los demás", señaló otro de los asistentes a la reunión. Este interlocutor aseguró que sobre la mesa quedó la necesidad de adaptar el nuevo modelo a la realidad de la España actual y de cada una de sus comunidades. Por ejemplo, nadie dudó, a la vista de los números, que Baleares tiene los problemas más serios de financiación al estar insuficientemente dotados todos sus servicios.
No hubo controversia de unos contra otros, sino rondas de intervenciones. Primero, fue el presidente del Gobierno, que animó al acuerdo y dio por supuesto que los socialistas sabrán conciliar posiciones. A continuación, tomó la palabra el vicepresidente segundo, Pedro Solbes, que reconoció ciertas estrecheces económicas, aunque dijo que ese dato no debería impedir un pacto. Por cierto, a él le corresponde fraguar ese acuerdo con reuniones bilaterales entre el Gobierno y cada una de las comunidades, de todos los colores políticos, para después llevar esos acuerdos al órgano general, el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Además de Solbes, también estuvo en la cena la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, y la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado. Por el PSOE, acudió el secretario de Organización, José Blanco, y la responsable de Economía, Inmaculada Rodríguez-Piñero.
En el ambiente quedó la sensación de que se respetará el contenido del Estatut, pero también se asegurará al resto lo que necesite.
Para empezar, en España hay cinco millones de ciudadanos más, muchos de ellos inmigrantes que necesitan servicios, aunque también aportan a la comunidad. El criterio de una mayor población fue expuesto por Montilla, pero también por José María Barreda, de Castilla-La Mancha, y Francesc Antich (Baleares). Solbes sabía de antemano los asuntos más conflictivos que iban a plantearse y antes de que empezara la ronda se adelantó a exponerlos.
No se apreció en esta cena que hubiera un frente "anticatalán", ni el alineamiento entre comunidades "ricas o pobres", según asistentes a la reunión. Montilla expuso sus planteamientos sobre Cataluña, pero sin entrar en el asunto que más críticas le ha valido. Esto es, su tesis de que la solidaridad debe centrarse en la sanidad, la educación y los servicios sociales. "Montilla ha hablado de sus necesidades, pero sin meterse en cómo debe ser el modelo para los demás", informa un presidente socialista. Acudieron todos a la cita: el presidente de Cataluña; el presidente de Baleares, Francesc Antich; el presidente de Andalucía, Manuel Chaves; de Castilla-La Mancha, José María Barreda; de Aragón, Marcelino Iglesias; de Extremadura, Guillermo Fernández-Vara; de Galicia, Emilio Pérez Touriño; de Asturias, Vicente Álvarez Areces, y la vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, Dolores Gorostiaga. Antes de empezar, Zapatero auguró que habrá acuerdo porque preveía, "más ruido que nueces". La velada de ayer le animó a reafirmarse en la tesis de que habrá acuerdo de familia.
El ambiente fue cordial y hubo lugar para la broma. "Hubo un preámbulo sobre la situación política del PP que es todo menos buena", señala un barón socialista. "Nosotros podemos y queremos estar unidos", señala otro presidente colofón, imbuido del ambiente "fraternal", que asegura se vivió en esta cena de partido
CATALUÑA: "El sistema es injusto con quien más aporta"
El presidente catalán, el socialista José Montilla, fijó su postura sobre el modelo de financiación en este diario el pasado día 10. "Hace años que el sistema no es justo con quienes más aportan", decía. "Ejercer la solidaridad es aportar más, pero no debe implicar recibir menos".Según Montilla, "no es aceptable que la solidaridad que se reclama a Cataluña perjudique los derechos de los catalanes", porque "el riesgo es grande": "Podría acarrear el desafecto con la política española [...] Y de ahí a la reivindicación del concierto económico [...] o a la consolidación de fenómenos como la Liga Norte italiana, sólo habría un paso".Cataluña cree que debe mantenerse un fondo de solidaridad "pero estableciendo un nuevo mecanismo de nivelación que permita revertir parte de dicha contribución fiscal en el desarrollo de la propia sociedad catalana". Y Montilla avisa: "El Estatut dispone que antes de agosto de 2008 se debe llegar a un acuerdo bilateral".
EXTREMADURA: "Cataluña no puede dictar los derechos"
"No estoy de acuerdo en que Cataluña dicte en qué servicios debe haber nivelación. Mis principios me dicen que tenemos unos derechos que se derivan de ser españoles, no de ser extremeños, andaluces, catalanes o gallegos", sentenciaba en una reciente entrevista el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. E insistía: "Cataluña no puede marcar los servicios y los derechos que tienen las demás".El dirigente extremeño se opone a la publicación de las balanzas fiscales porque ofrecen "una imagen borrosa de España" -"¿dónde hay que computar la tributación de empresas que tienen su actividad en Extremadura pero su sede social está en otra región?"-, y recuerda: "Ninguna región da nada a otra; quienes reciben y aportan son los ciudadanos, no los territorios. Un extremeño y un catalán con la misma renta aportan lo mismo". Extremadura, avisa, no aceptará un sistema de financiación que considere injusto.
ANDALUCÍA: "Si me preguntan, voy a decir no y no"
"Si se limitan las necesidades de financiación y el fondo de suficiencia a estos tres bloques, desde ya digo que no", advirtió hace días el consejero andaluz de Economía, José Antonio Griñán, respondiendo a la propuesta catalana. "El problema que se ha planteado en Cataluña es que, en vez de empezar por lo que nos puede unir, han empezado por las balanzas fiscales y han intentado vincular este debate con el de la financiación. Y ése es un error craso. Lo segundo ha sido hablar de nivelación parcial, otro factor que divide. Si me preguntan voy a decir: no y no. Las balanzas fiscales son un ejercicio perezoso [...] Son ganas de enredar. Si discutimos de las balanzas fiscales estamos acabados", añadía Griñán.El consejero ve, sin embargo, puntos comunes con Cataluña -"Los dos queremos que se aumente la corresponsabilidad fiscal"- y exige que el factor básico en el nuevo modelo sea "la población".
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