Uribe juega fuerte

Al extraditar por sorpresa a Estados Unidos a los máximos jefes paramilitares colombianos encarcelados, a los que acusa de incumplir sus compromisos y seguir infringiendo la ley, el presidente Álvaro Uribe ha dado un audaz golpe de mano. Su propósito, granjearse el máximo apoyo de EE UU en momentos delicados -el Congreso discute un tratado de libre comercio crucial para Bogotá- y de paso fortalecer sus posibilidades como aspirante a un excepcional tercer mandato, eventualidad que el conservador Uribe no confirma pero tampoco desmiente.

La popularidad de Uribe ha venido básicamente del acorralamiento de las FARC, la guerrilla terrorista y narcotraficante. La han acrecentado su firmeza con el caudillo venezolano Hugo Chávez en la cuestión de los rehenes y el golpe de los comandos colombianos que dieron muerte en Ecuador, en marzo, a uno de sus jefes máximos, Raúl Reyes. Interpol avalaba ayer, tras el análisis de expertos internacionales, que no han sido manipulados los ordenadores aprehendidos entonces a la guerrilla, en los que había pistas valiosas sobre el apoyo militar y económico venezolano y ecuatoriano a las FARC. A Chávez le faltaba tiempo para calificar de títere de Washington al organismo policial. Con la entrega a EE UU de los jefes ultraderechistas, Uribe golpea al otro extremo del arco del crimen. Los pistoleros extraditados, que negociaron con el Gobierno su reinserción a cambio de penas de cárcel simbólicas y de cooperar con la justicia, destaparon el escándalo denominado parapolítica. Como consecuencia del mismo, una parte sustancial del Parlamento colombiano, diputados uribistas, incluso familiares directos del presidente, están en prisión o son investigados por sus vínculos mafiosos. Es previsible que ante los jueces estadounidenses, los extraditados, cuya entrega Uribe había dejado en suspenso, hablen más de narcotráfico que de corrupción en Colombia.

Los argumentos de Uribe -que los paras seguían dirigiendo desde la cárcel sus redes delictivas, que no resarcían económicamente a sus víctimas- certifican, entre otras cosas, el fracaso del llamado proceso de Justicia y Paz y la inoperancia del sistema penitenciario colombiano. Bogotá debe obtener ahora garantías de EE UU para que el probablemente largo encierro allí de los paramilitares no arroje una definitiva cortina de humo sobre sus horrendos crímenes aún por esclarecer.