La falta de dinero entierra la memoria histórica de 200 muertos

Las víctimas de la Guerra Civil se han vuelto a enterrar en La Puebla de Cazalla. Los antropólogos, arqueólogos e historiadores que trabajaban en las dos fosas comunes del cementerio de este pueblo, ubicado a 68 kilómetros de Sevilla, han cogido sus herramientas y se han marchado.Alfonso Yerga, director del Centro de Estudios Andaluces, aportó el pasado 19 de abril cifras sobre el mapa de la represión franquista en Andalucía: "50.000 andaluces desaparecieron; se hicieron 600 fosas comunes, con 37.000 víctimas".

"A veces debajo de un brazo, aparecen seis cráneos. Nunca sabes qúé habrá"

El socavón que se hizo en 1936, al que según los expertos se pudieron arrojar hasta 200 cuerpos, desapareció bajo tierra hace una semana. Se acabó el dinero de la subvención. Desde la Junta, la respuesta no consuela a los familiares: "Hay que esperar". Manuel España Gil era jornalero de Lantejuela (Sevilla), tenía 28 años y su mujer estaba embarazada. Le gustaba tocar la guitarra. El 17 de septiembre de 1936 le montaron en un camión y, junto con seis hombres más, le asesinaron por la espalda. Su cuerpo fue arrojado a una de las fosas excavadas en la parte trasera del cementerio de La Puebla de Cazalla. Con los años, el lugar se fue llenando de basura, restos de flores y deshechos. Y debajo, los muertos.

La nieta de España, Mari Carmen, lleva tres años luchando para "abrir este agujero, sacar sus restos y darle un entierro digno". Hablaba desde la fosa, pala en mano, el pasado 15 de abril. En el mismo lugar, el grupo científico Aranzadi analizaba uno de los 17 cadáveres encontrados hasta ahora y pendiente de identificación. Llevaban un mes de trabajo y los familiares de las víctimas hablaban de esperanza, emoción y justicia. "Aquí puede haber hasta 200 personas", calculaba entonces Jimmi Jiménez, antropólogo y responsable del equipo.

El Gobierno central, a través del Ministerio de Presidencia, aportó 40.000 euros para este proyecto a principios de año. Ya no queda nada. Ahora la Junta de Andalucía debe decidir si ayudará económicamente a las exhumaciones. A eso se comprometió el comisario de Recuperación de la Memoria Histórica, Fernando Soto, hace 20 días. "Vino hasta aquí y nos dio su palabra", confía España. "Que nos den lo que buenamente puedan", se conforma Paqui Maqueda, secretaria de la Asociación de Memoria Histórica y Justicia de Andalucía (AMHyJA).

El comisario pide disculpas: "Las competencias para la memoria histórica se han centralizado recientemente en la Consejería de Justicia [antes se dividían entre Presidencia y Justicia]. Hay nuevos nombramientos y todo está en proceso de cambio. Esto va para un mes o dos por lo menos".

Alfonso Yerga, director del Centro de Estudios Andaluces, aportó el pasado 19 de abril cifras sobre el mapa de la represión franquista en Andalucía: "50.000 andaluces desaparecieron; se hicieron 600 fosas comunes, con 37.000 víctimas". Para Mari Carmen España y los más de 20 familiares que se acercaron a escuchar el compromiso de Fernando Soto, la espera es "dolorosa". No entienden de burocracias: "No podemos olvidarnos ni un solo día que nuestros familiares están ahí abajo".

El sevillano Antonio Ojeda, cirujano traumatólogo, también perdió a sus familiares. "Mi tío, Juan Moreno Sánchez, fue la primera víctima en Cazalla y otro tío, Juan Fernández Alías, fue enterrado vivo tras cavar parte de la fosa". Ojeda no puede, ni quiere, olvidar. "A uno lo asesinaron porque su suegro era el primer secretario del PSOE en Cazalla. Era alcalde del pueblo cuando comenzó la guerra", se enfada. "Vamos, que le mataron únicamente porque era socialista", critica. "Y el otro ni siquiera tenía que ver con la política", remata.

El pasado 14 de abril, Paqui Maqueda, de AMHyJA, hizo una petición: "Hago un ruego a la Junta para que se haga responsable de las exhumaciones. Es cierto que trabaja mucho para la recuperación de la memoria histórica pero no parecen partidarios de abrir las fosas". Soto considera que la responsabilidad no es enteramente suya, pero sentencia rotundo: "Si no nos dan el dinero, yo soy el primero que me voy". El comisario hace hincapié en la complejidad del asunto: "Primero, hay que saber organizar las subvenciones y segundo, hay que contar con el apoyo de los Ayuntamientos. Muchos alcaldes no quieren firmar ningún convenio para que la gente del pueblo no les diga luego: '¿Qué pasa? No tenemos ni alcantarillas y das el dinero para otras cosas?". Soto reconoce que "los cálculos de gasto en estos proyectos son ilusorios". El responsable de las exhumaciones de Cazalla y técnico del grupo científico Aranzadi, Jimmi Jiménez, está de acuerdo: "Nosotros abrimos y no sabemos exactamente qué nos vamos a encontrar. A veces, debajo de un brazo, aparecen seis cráneos. Esto significa más trabajo, más tiempo y más dedicación".

Cuánto cuesta exhumar cada cadáver es difícil de precisar. "Hay que sumar el coste de herramientas, las cajas para los huesos, las dietas de los trabajadores, el alquiler de las carpas, algunas excavadoras, el georadar", explica Jiménez.

Y cada vez van apareciendo más testimonios y se producen nuevos hallazgos. Según el comisario para la Recuperación de la Memoria Histórica, hay cuatro proyectos "apalabrados", además de La Puebla de Cazalla y las fosas de Málaga, "donde puede haber 2.000 personas". Y son: El Marrufo (Jerez de la Frontera); Benamahoma (Cádiz); Aguilar de la Frontera (Córdoba) y La Palma del Condado (Huelva).

España sigue en la lucha. Y se solidariza con otros. El miércoles pasado se desplazó con los miembros de Aranzadi y otras asociaciones a Marchena (Sevilla). Había testimonios de otra posible fosa. Se pasó el georadar. "Hay cadáveres ahí", fue la conclusión de los expertos. "Pero no sabemos si habrá dinero para excavar", duda España.