El ladrón anda suelto...

Once de las 16 obras robadas de la Biblioteca Nacional han vuelto a España. Quien no ha regresado es el presunto autor del robo, César Ovilio Gómez Rivero, sexagenario uruguayo que sigue residiendo en su chalé de las afueras de Buenos Aires.

Siete meses después de devolver ocho de los documentos en esta ciudad, Gómez Rivero sigue libre. La Justicia argentina debe decidir si lo procesa por la venta en Argentina de los documentos robados en España, según altas fuentes judiciales. Sólo una vez que haya cumplido su condena en Argentina -si es que lo juzgan y lo declaran culpable-, podrá ser extraditado a España, agregaron en los tribunales.

La justicia argentina debe decidir si lo procesa por un delito de estafa

En octubre pasado, la solicitud de la Justicia española de captura y extradición de Gómez Rivero por los delitos de robo agravado y daño contra el patrimonio histórico quedó en manos del juez federal Rodolfo Canicoba Corral. Mientras tanto, el ciudadano uruguayo devolvió ocho mapas del siglo XV en el juzgado que preside Ariel Lijo, que inició una investigación por la venta en Argentina de los documentos robados.

A la espera de lo que decida la justicia argentina, Gómez Rivero goza de libertad vigilada. Una vez al mes debe dejar su chalé en una urbanización privada de Pilar (50 kilómetros al norte de Buenos Aires) para presentarse en el juzgado de Lijo. En una de esas ocasiones, este periodista lo abordó en los pasillos de los tribunales. Hombre alto, robusto -cuando robó los mapas, los escondió bajo la ropa-, calvo y de tez ligeramente morena, cambió su expresión despreocupada y respondió de mal modo: "No hablo con la prensa". Siguió entonces su camino. "¡Me voy a quejar ante el juez!", vociferó creyendo que está prohibido el ingreso de periodistas a los tribunales.

Gómez Rivero tampoco quiere atender a la prensa en su urbanización, La Delfina. Un guardia armado dice que el "señor no está" e impide traspasar la barrera por la que se accede a las 50 hectáreas repartidas entre chalés, gimnasio, sauna, salones de recreación, dos piscinas, cuatro canchas de tenis y una para fútbol o hockey. Y lo mismo ocurre con su abogado, Fernando Soto, que no ha respondido a las numerosas llamadas que se le han hecho.

El juez Lijo debe tomar la decisión de si procesa o no a Gómez Rivero por estafa, que es el delito que corresponde a la venta de objetos ajenos. Se presume que Gómez Rivero vendió en Argentina los dos mapas de la Biblioteca Nacional que aparecieron en Nueva York y Sidney, y que además puso a la venta los otros ocho documentos que luego terminó devolviendo. La pena por estafa en Argentina es de tres meses a seis años de prisión, aunque si le caen menos de tres años puede no cumplirla. En España le investigan por robo, sancionado con una pena de dos a cinco años de arresto, y por un delito contra el patrimonio histórico, castigado con entre uno y tres años de cárcel.

Gómez Rivero cambió de estrategia de defensa en la causa por estafa. Cuando devolvió los mapas en octubre, presentó un escrito al juez Lijo para que lo eximieran de prisión, del que se deducía la confesión de la sustracción de mapas en España. En noviembre, cuando fue citado a declarar se negó a hablar y sólo presentó otro escrito en el que aseguraba que no sabía que los documentos eran robados.

Hay otras dos personas investigadas en Argentina porque presuntamente ofrecían en Internet los mapas sustraídos: Daniel Pastore, dueño de la tienda de libros antiguos Imago Mundi, y Washington Pereyra. Ninguno de los dos quiso declarar ante Lijo y presentaron escritos diciendo que desconocían que los incunables hubiesen sido robados. En Imago Mundi, la Justicia secuestró recibos de la presunta venta de los mapas. Estos días se espera el resultado del peritaje para saber si están firmados por los acusados.

Gómez Rivero mutiló con un cúter 10 libros de la Biblioteca Nacional y se llevó incunables no sólo del primer cartógrafo de la historia, Claudio Ptolomeo, sino también de un libro de los hermanos García de Nodal y de Pomponio Mela. Algunos de los mapas sustraídos están valorados en más de 100.000 euros.