La Audiencia Nacional rechaza extraditar a Isabelita Perón a Argentina

La Audiencia Nacional rechazó ayer la entrega a Argentina de la ex presidenta María Estela Martínez, más conocida como Isabelita Perón, de 77 años, que se enfrentaba a dos peticiones de extradición para ser juzgada por delitos de lesa humanidad.

Aunque es apelable la resolución, fuentes jurídicas creen que el no es definitivo

El tribunal español ha estimado que los jueces argentinos forzaron las acusaciones existentes contra la ex mandataria para construir una figura jurídica, los crímenes de lesa humanidad, que, a su entender, no es aplicable al caso, con la única finalidad de que España no pudiera oponerse a la entrega de Isabelita Perón para ser juzgada en Argentina. Contra la decisión del tribunal cabe recurso ante el pleno de la Sala Penal, pero fuentes jurídicas aseguran que mucho deberían cambiar las cosas para que los magistrados españoles revocasen su decisión.

El caso es que la viuda de Perón era reclamada por dos jueces argentinos. Uno le acusa de la desaparición de dos personas en la provincia de Mendoza (Argentina) el 25 de febrero de 1976, cuando ella era presidenta. El otro le imputa conocer los crímenes cometidos por la Triple A y no haberlos impedido.

Pero la Audiencia Nacional recuerda que el caso contra Isabel Perón se ha archivado ya dos veces, la primera en 1981 y la segunda en 1989, y que no existe ningún hecho nuevo -imprescindible para una reapertura del caso- desde el primer archivo, salvo que los jueces argentinos han calificado los hechos como delitos de lesa humanidad. El tribunal cree que es una construcción jurídica "forzada" y llega a decir que los jueces argentinos se la tratan de aplicar a Isabelita Perón para que no se pueda aplicar la prescripción, es decir, la extinción de la responsabilidad penal debido al tiempo transcurrido, más de 30 años.

El tribunal destaca que el propio juez argentino reconoce que no acusó a Isabelita Perón de haber pertenecido a la Triple A, ni haber cometido los crímenes que se atribuyen ese grupo "cuales quiera que fueran las atrocidades que cometió". El juez refiere que existen indicios de "sospechas" de que conoció lo ocurrido y no lo impidió, por lo que "es difícil imputarle crímenes de lesa humanidad". El 24 de marzo de 1976 se produjo el golpe de Estado que desplazó a Isabel Perón de la presidencia, siendo arrestada y posteriormente recluida hasta 1981 por los militares.

Hubo 600 denuncias de desapariciones antes del 24 de marzo de 1976, "pero ninguna participación ya directa, ya indirecta se atribuye en los mismos a Isabel Perón". El tribunal concluye: "Mal podía conocer y reprimir la reclamada las conductas por las que se interesa su entrega, cuando al mes siguiente de ocurrir las mismas fue depuesta de manera violenta y privada de libertad durante más de cinco años por razón del golpe de Estado".