¿Por qué no se ocupa el Estado?
La Agencia Española de Protección de Datos acaba de sancionar con 150.000 euros a una clínica de abortos porque desde sus ordenadores, probablemente por el desconocimiento de un trabajador que descargaba música o películas, se filtraron a Internet 11.300 historias clínicas. Los datos los encontró un policía local gallego que dedica sus tardes libres, sin que nadie se lo haya pedido, a buscar en Internet datos que no deberían estar ahí. Después lo comunica a las autoridades. En 2007, Protección de Datos inició 21 expedientes por casos similares al de la clínica de Bilbao y todos se abrieron por la pericia y dedicación de este policía. ¿Dónde está el Estado? Si este voluntario deja de lado su afición, ¿nadie va a encontrar y castigar estas infracciones de la ley? ¿No hay nadie dedicado a vigilar lo que ocurre en Internet?
Sí, pero cuando se trata de delitos, no por cuestiones de protección de datos. Uno de los encargados de estas investigaciones es la Brigada de Investigación Tecnológica (BIT) de la Policía Nacional, que cuenta con 45 funcionarios divididos en especialidades -piratería, pornografía infantil, fraudes en Internet y en las telecomunicaciones e intrusismos (como ataques de hackers)-. Además, se acaba de abrir un grupo de "redes abiertas" encargado de YouTube, racismo en la Red... La vigilancia del eMule entraría en esta categoría. "Es imposible que encontremos todas estas cosas. Ni aunque nos doblaran la plantilla, por eso es necesaria la colaboración ciudadana", señalan fuentes de la BIT. Pero acto seguido reconocen que no dan abasto, que están asfixiados y que son necesarios muchos más recursos. La Guardia Civil también tiene un Grupo de Delitos Telemáticos. En cualquier caso, no parece que el Estado sea del todo consciente de la necesidad de controlar la sociedad de la información. Ya no es suficiente con patrullar las calles.
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