El Gobierno central pide a Baltasar que no compre el agua del Ebro

El cúmulo de propuestas, contrapropuestas y recontrapropuestas sobre cómo abastecer a Barcelona si persiste la sequía vivió ayer dos nuevos capítulos. El Gobierno central pidió al consejero de Medio Ambiente, Francesc Baltasar, que no negocie la compra de derechos con los regantes del Ebro. En su opinión, esto sólo provocaría una avalancha de ofertas para vender agua que sería incontrolable. La propuesta del Ejecutivo es cambiar agua por obras, es decir, los regantes ceden el agua y el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural paga las mejoras en las canalizaciones de riego.

¿Tiene futuro? Los regantes del delta del Ebro dijeron ayer que no. Se reunieron en Tortosa con Baltasar y le anunciaron que no tienen la más mínima intención de vender derechos de agua. Si Barcelona tiene que recibir agua del Ebro, que se utilice, dijeron, la sobrante del minitrasvase, es decir, los entre 35 y 40 hectómetros cúbicos que no consume el Consorcio de Aguas de Tarragona (CAT).

Baltasar habló durante media hora con la plataforma antitrasvase

La exención parcial de tasas portuarias ahorrará cinco millones de euros

"No queremos nada a cambio de la interconexión". Así de contundente salió el vicepresidente de la comunidad de regantes de la margen izquierda del Ebro, Francesc Casanova, de la reunión que celebró ayer con el titular de Medio Ambiente, Francesc Baltasar, en Tortosa (Baix Ebre). Los regantes insistieron en el mismo mensaje de las últimas semanas y reiteraron su oposición a un proyecto que creen que abre las puertas a más trasvase del Ebro hacia Valencia y Murcia. "En el delta no queda más agua", añadía el vicepresidente de los regantes de la derecha.

Los regantes detallaron que, ante su negativa a vender más agua, Baltasar propuso establecer negociaciones con la federación de regantes de la cuenca del Ebro para captar "entre todos" la cantidad de agua que precisa Barcelona. Este organismo agrupa a todos los regantes de la cuenca, desde el nacimiento hasta la desembocadura del río, y ya se ha manifestado en contra de la interconexión.

Los en torno a 35 hectómeros cúbicos del excedente actual del CAT, que tiene una concesión, aprobada por ley en 1981, de 3,85 metros cúbicos por segundo -121 hectómetros anuales-, es con lo que la Generalitat y el Gobierno central deberán paliar la sequía en el área metropolitana de Barcelona, aunque el Gobierno central cuenta con convencer a los regantes para que acepten la fórmula "agua por obras".

En los meses de verano la tubería del CAT ya extrae la totalidad de la concesión, y por ley no puede extraerse más. Los regantes aseguraron que controlarán al detalle el flujo de agua que circula en cada momento e incluso amenazaron con cortar el grifo si se supera en algún momento el límite de la concesión. "No podemos decir nada sobre los 3,85 metros, pero no van a sacar nada más", añadía Casanova. "Los recursos del delta están al mínimo", añadió Ferré. De todas formas, se trata de una amenaza baldía, porque el proyecto de tubería no prevé que se transporte hacia Barcelona una sola gota de agua antes de octubre, ya que hasta esa fecha, salvo problemas imprevistos, se dispone de otros medios de abastecimiento.

Baltasar, que mantuvo una maratoniana jornada de reuniones con múltiples representantes de las comarcas del Ebro, no logró convencer a ninguno de los asistentes. "No nos ha dicho nada nuevo. Esta infraestructura será perpetua y estará siempre pendiente de cualquier decreto que permita sacar más agua", decía ayer el presidente de la Cámara de Comercio de Tortosa, José Luis Mora.

La publicación en el BOE de ayer del decreto que regula la interconexión causó una profunda indignación en la federación de ERC, que calificó de "tomadura de pelo" el hecho de que el texto, en su disposición adicional cuarta, deje la puerta abierta a paliar también con agua del Ebro situaciones de sequía en cualquier punto de España. CiU, que opina que la reunión "no sirvió de nada", también expresó sus dudas respecto a este punto.

Baltasar habló también durante media hora con miembros de la Plataforma en Defensa del Ebro, cuyos activistas -un centenar- recibieron al consejero a gritos de "¡Baltasar, dimisión!".

El decreto aprobado por el Gobierno exime del pago de tasas portuarias en un 80% a los barcos que transporte agua entre Tarragona, Almería y Barcelona. Esto equivale a un ahorro por parte de la Generalitat, que sufraga estos costes, cercano a los cinco millones de euros.