La dignidad robada de las fosas

El paso de los años no cuenta para Montse Giné. "Duele como si hubiera ocurrido ayer. Igual que si se repitiera cada día", suspira mientras agita en sus manos la imagen en blanco y negro de un joven, un hombre que luce un poblado tupé y media sonrisa en el día de su boda, 14 años antes de ser sepultado en una fosa aneja a un cementerio de Tarragona, en algún rincón excavado el "primer año de la victoria" que sucedió a la Guerra Civil. Lo dice la manoseada lista que permitió a Montse, enfermera de 51 años con la voz quebrada, recuperar una identidad de entre esos restos: Josep Giné, amante de su tierra, político por vocación, fusilado, su abuelo.

Unas 9.000 memorias fueron hacinadas durante la Guerra Civil en 179 fosas comunes dispersas por suelo catalán. Quienes realizan el censo de desaparecidos, abierto por la Generalitat en 2003, bucean en archivos y fondos documentales para localizarlos. Más de 2.100 familias han solicitado ayuda para saber dónde se perdieron sus allegados y Montse, cuya solicitud ha quedado resuelta junto con otras 72, ya puede velar los restos de su abuelo. Ella sigue azorada. "Aún no puedo honrar su memoria", protesta. Suena ostentoso, pero se conforma con poco: una placa metálica que explique el significado de esa hondonada indiferente, olvidada, aledaña al camposanto de Tarragona. "Sin este reconocimiento no cerraré el círculo del duelo, esta sensación de que quedaron enterrados como perros", suspira.

"No pueden seguir enterrados como perros", suspira la nieta de un fusilado

"Nadie visita estas tumbas porque nadie sabe que están aquí", dice un afectado

Restituir la dignidad de las fosas es el objetivo de la ley impulsada por el Departamento de Interior, cuyo proyecto aprobó el Gobierno catalán hace dos semanas. Es una medida ya prevista en el Estatuto y que significa la primera extensión de la Ley de la Memoria, que permite a las comunidades autónomas ampliar sus contenidos. Tras el verano, cuando sea aprobada por el Parlamento, la legalidad amparará la placa que reclama Montse. La ley prevé, además, que se exhumen los cadáveres si los familiares así lo solicitan. "Es el derecho de los familiares a recuperar sus parientes. La Generalitat se hará cargo de todo", explica Francesc Vendrell, uno de los impulsores de la ley. Así se hará el próximo junio en la fosa de Gurb (Osona), fijada por el departamento como prueba piloto. "Pero no habrá una oleada de exhumaciones", matizó Saura anteayer, en la presentación del mapa de las fosas catalanas. Éste sigue las huellas de la guerra y en la mayoría de las fosas descansan los restos de soldados anónimos cuyo nombre se traspapeló, quizá para siempre. Si no pueden identificarse, la ley establece que se dignifiquen sus restos.

Esta norma también determina que rellenar una solicitud baste para poner en marcha el engranaje de la Generalitat: una quimera para quienes acumulan décadas peleando a la contra y perdiendo todas las batallas. Montse, fundadora de una asociación de represaliados del franquismo, aún conserva aliento tras cada una de las negativas con que el arzobispado de Tarragona, propietario del cementerio, rechaza sus peticiones. "Lucharemos sin esperar la ley, pero nos ayudará mucho", resuelve. Y tiene prisa. Le corre el tiempo. "La gente mayor me pregunta con lágrimas en los ojos: '¿Crees que llegaré a verlo?".

Las heridas tampoco se cierran para otros con mejor suerte. Las pesquisas de Magí Carné, un promotor de Mollerussa, dieron con su tío Isidre, payés que cumplió la mayoría de edad en las filas republicanas y acabó sepultado en La Bisbal de Falset (Priorat). Su madre, hermana de Isidre, nunca logró saberlo. Murió 20 años antes y esa espina, señala Magí, es definitiva. "Se confunden la alegría y la tristeza. Por ella, que era quien más lo buscaba y nunca lo encontró", explica atento a la retorcida carretera que conduce a la fosa. La recorre una vez al año, cuando los familiares se reúnen ante la placa que Magí colocó en 2003.

Al resto de los caídos, apiñados bajo un suelo tomado por hierbajos, no los visita nadie. "Porque nadie sabe que están aquí", insiste Magí blandiendo un registro con 70 nombres que no ha salido a la luz. Lo obtuvo de un juzgado del pueblo que no se atreve a difundirlo. "Espero que la ley los haga públicos", dice ante una hilera de cruces medio oxidadas, sin inscripciones y con dueño difuso.

Al otro lado del terraplén se arremolinan las flores de plástico, dejadas de la mano del viento del Priorat. "Ésa es la fosa salvaje, de allí no se sabe nada", dice Magí. En su lista constan los fallecidos en el apurado hospital militar que se instaló en una cueva cercana. "Es imposible saber nada de los demás", explican en el pueblo. Es la historia que se repite en la mayoría de las fosas catalanas. Los otros, los heridos en combate y desangrados en las cunetas, no tienen lista que les ampare. Acaso una ley que reconozca su sacrificio, acallado bajo el suelo desde el "primer año de la victoria".