Liechtenstein detectó dinero negro español y financiación terrorista

En pleno escándalo por el fraude fiscal masivo a través de cuentas en Liechtenstein, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó ayer un informe sobre el principado en el que alerta de que es un territorio propicio para el lavado de dinero. El FMI desvela además la existencia de dos investigaciones en el principado que apuntan directamente a España: una de blanqueo de dinero y otra sobre "financiación terrorista".

El 90% de las firmas registradas en el principado no tiene actividad comercial

"Liechtenstein llevó a cabo tres investigaciones en relación con financiación terrorista, una en 2001, otra en 2004 y otra en 2006. La investigación de 2001 fue abierta por las autoridades suizas (...) y cerrada en 2004. Las otras dos investigaciones fueron abiertas por las autoridades de Liechtenstein. Una ha sido cerrada, mientras que, en el segundo caso, las actuaciones fueron remitidas a las autoridades españolas. Esta investigación se desencadenó por un informe de actividad sospechosa entregado por un intermediario financiero de Liechtenstein", dice el informe publicado ayer.

El documento del FMI también hace referencia a las investigaciones sobre blanqueo de dinero realizadas por las autoridades de Liechtenstein. Según relata el Fondo, desde 2003 se han abierto 128 investigaciones de casos de blanqueo de dinero de los que sólo dos están siendo instruidos en la actualidad, uno de ellos en los tribunales de Liechtenstein y otro en los españoles.

Preguntado sobre esas investigaciones con conexión española, un portavoz del FMI declinó dar más explicaciones que las incluidas en el documento, informa Sandro Pozzi desde Nueva York. Según dicho portavoz, la publicación del informe en el momento actual no tiene nada que ver con la reciente investigación alemana, que ha tenido ramificaciones en varios países, entre ellos España. Tampoco fue posible encontrar información adicional al respecto en España.

El informe del FMI subraya las peculiaridades de ese paraíso fiscal, que lo convierten en un territorio propicio para actividades ilícitas. "El 90% de las compañías registradas en Liechtenstein no tienen actividad comercial", constata la institución. Muchas de ellas, además, figuran como organizaciones sin ánimo de lucro. El FMI es rotundo sobre la necesidad de controlarlas: "Liechtenstein debería revisar a fondo su legislación de organizaciones sin ánimo de lucro y comprobar si es adecuada para combatir la financiación del terrorismo". El informe pide que las autoridades fiscales del principado supervisen las organizaciones que mueven fondos.

"Por su naturaleza", resume el FMI, "el sector financiero del principado crea un particular riesgo de lavado de dinero". Minimizar el riesgo de abuso de esos instrumentos financieros e identificar a los beneficiarios de esas operaciones "es un desafío continuo", subraya. La institución recomienda "más atención" al proceso de identificación de beneficiarios y un endurecimiento del sistema legal que obliga a compartir información con supervisores extranjeros. El 90% de los servicios financieros de Liechtenstein se prestan a no residentes.

La existencia de españoles con intereses en ese paraíso ha quedado evidenciada, además de en el informe del FMI, en las investigaciones por el escándalo fiscal descubierto en Alemania. El DVD que los servicios secretos alemanes compraron a un confidente por cinco millones de euros delata a un centenar de españoles que presuntamente han desviado dinero al principado para evadir el pago de impuestos. La Agencia Tributaria investiga desde hace varios días a esos ciudadanos para determinar si han cometido fraude. En caso de que las cantidades adeudadas al fisco superen los 120.000 euros, los defraudadores habrán incurrido en delito fiscal y, por tanto, corresponderá a los tribunales analizar los casos.

Además de España, Francia, con 200 ciudadanos afectados, Italia, con 150, y Estados Unidos, con 100, han admitido que trabajan para depurar responsabilidades en este caso. Sólo en Alemania hay 1.000 ricos sospechosos de haber defraudado unos 4.000 millones de euros. En los primeros días de investigación, más de 90 personas confesaron su culpabilidad.