El fraude tiene color morado

El dinero negro tiene en España la cara morada -o lila- de los billetes de 500 euros. Los maletines con esos billetes circulan profusamente para pagar en negro viviendas y operaciones inmobiliarias de gran envergadura. Supongamos que el vendedor de un piso le exige al comprador una parte del precio en dinero negro. El billete de 500 es la mejor unidad de pago, porque para igual cantidad de dinero ocupa menos. Así que se dirige a su banco y reclama la cantidad; la institución financiera no suele disponer de grandes cantidades de este tipo de billetes, así que a su vez los reclama al Banco de España. En el día y hora fijados, la máxima autoridad bancaria facilita los billetes a la oficina y ésta al cliente. Ésta es una operación normal en el mercado inmobiliario; si en lugar del comprador de un piso se trata de un promotor inmobiliario, la suma es mayor, pero la mecánica es la misma.

Obsérvese que en esta cadena de trámites hay tiempo y lugar sobrados para registrar la transacción y, si se desea, investigar su legalidad fiscal. Puesto que las empresas respetables operan con transferencias, era fácil desde que se instauró el euro suponer que el tráfico de 500 encubría delito fiscal y blanqueo de dinero. Del volumen total de este fraude puede ser un indicio el que por España circulen 114 millones de billetes de 500 euros. Puesto en perspectiva, el dato asombroso es que la cuarta parte de todos los billetes de 500 de la eurozona están en España. La caldera de la corrupción inmobiliaria ha funcionado con el combustible del billete morado.

Si no es difícil rastrear los billetes, sorprende que la Agencia Tributaria, las entidades de crédito y el Banco de España no se decidan a establecer un censo de este tipo de billetes. Contribuiría a estrangular parte de la economía sumergida, estimada en el 23% del producto interior bruto. El director de la Agencia Tributaria, Luis Pedroche, informó el miércoles de que se están inspeccionando más de 4.000 operaciones con billetes grandes. En el 80% de ellas aparecen compraventas inmobiliarias; y más del 10% tiene que ver con sociedades agrarias. Puede adelantarse un pronóstico sin mucho margen de error: el 70% de esas transacciones acabará en delito fiscal.