La UE penaliza al Consell por no controlar la retirada de frutas al 100%

El Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea (UE) confirmó ayer una penalización de 5,2 millones de euros a la Generalitat y al Gobierno de Murcia por irregularidades en operaciones de retirada de frutas y verduras. En julio de 1999 los servicios de la Comisión Europea realizaron una inspección en la Comunidad Valenciana y Murcia y comprobaron que en la campaña 1998-1999 el control material de los productos retirados que se destinaron a la fabricación de abono orgánico y a procesos de biodegradación no se había realizado sobre el 100% de los lotes, como prescribía la normativa. El índice de controles materiales de los productos retirados del mercado y destinados a la destrucción en esa campaña fue del 71% en la Comunidad Valenciana y del 47% en Murcia.

En 2000, el Gobierno de España, que es el interlocutor válido con la UE, alegó que las comunidades afectadas habían cometido un error al interpretar la normativa, que fija un índice reglamentario de control del 20% de la fruta respecto a los destinos que no fuesen el compost o la biodegradación, pero con obligación de controlarla al 100% cuando se destina a esos fines.

Según la Consejería de Agricultura, todos los controles se realizaron al 20% "por un error de interpretación". Asimismo, fuentes del departamento manifestaron no haber recibido ninguna notificación oficial al respecto y aseguraron desconocer qué cantidad de los 5,2 millones correspondía a una y otra autonomía, aunque mostraron cierto alivio porque la sanción "la pagará el Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA)".

El Gobierno recurrió el año pasado la sentencia, que condenaba a la Comunidad Valenciana y a Murcia la exclusión de las compensaciones financieras correspondientes a operaciones de retirada de frutas y hortalizas (5.253.60 euros), aduciendo que ambas interpretaron erróneamente que la destrucción de los productos retirados constituía una "utilización para fines no alimentarios" y no una "fabricación de abono orgánico" o un "proceso de biodegradación". Sin embargo, el Tribunal, dado que la normativa dispone que es obligatorio comprobar toda la cantidad de productos retirados, denegó ayer de nuevo la financiación comunitaria de los gastos correspondientes a las cantidades no comprobadas.