Una empresaria de Bilbao, condenada a 18 meses por estafar a 9 inmigrantes

La primera causa por una estafa masiva a inmigrantes en Euskadi en el proceso de regularización de 2005 ha acabado con condena. Una empresaria de Bilbao aceptó ayer una pena de 18 meses de cárcel por un delito de estafa continuada, la devolución de los 7.550 euros que cobró a nueve extranjeros por tramitar una documentación que no tenía ninguna posibilidad de aprobarse y el pago de un multa de 1.800 euros. La condenada no ingresará en prisión si realiza los pagos y no comete ningún otro delito en los próximos tres años.

El juicio no se celebró finalmente al llegarse a un acuerdo previo

La organización de apoyo a los inmigrantes Harresiak Apurtuz reclamó que estas nueve personas (seis senegaleses, un argelino, un ghanés y un ecuatoriano) dispongan ya del permiso definitivo de residencia, en aplicación de la ley de Extranjería, que contempla la regularización inmediata para los afectados que denuncien ilegalidades. La Subdelegación del Gobierno en Vizcaya, que negó haber actuado pasivamente en este caso "sino todo lo contrario", aseguró ayer que cuando reciban la petición "lo estudiaremos con cariño y receptividad, buscando una solución positiva". La asociación dijo que les han prometido el permiso cuando haya una sentencia penal firme, como lo es el fallo de la Audiencia de Vizcaya.

La resolución no requerió del juicio que debía iniciarse ayer. La fiscalía y la defensa de la imputada, Carla Sandra Santos, llegaron a un acuerdo previo por el que ésta se declara culpable y se compromete al pago a plazos las cantidades económicas. A cambio, se reduce la pena de prisión de cuatro años -como pedían la Fiscalía y Harresiak Apurtuz- a los 18 meses. Se considera probado que la empresaria obtuvo un enriquecimiento patrimonial ilegítimo a costa de nueve inmigrantes, a quienes pidió cantidades de entre 1.200 y 1.500 euros (un total de 7.550) por un contrato de trabajo en una empresa simulada. La inculpada les aseguró que disponía de varios locales de hostelería en los que iban a trabajar, lo que no era cierto.

"Exigimos que estas personas sean documentadas y que cesen de una vez por todas las trabas que se han puesto desde el principio en este proceso", dijo Harresiak Apurtuz. "Esta condena no es porque sí. Se produce porque llevamos tres años de investigaciones y hay muchas pruebas", afirmó el abogado de la coordinadora. "Estamos muy contentos. Aquí tenemos derechos", apuntó uno de los inmigrantes.

Este pleito es sólo una parte de la trama destapada a finales de 2005 por Harresiak Apurtuz, que descubrió cuatro redes diferentes de estafas con un centenar de inmigrantes afectados, aunque los denunciantes han sido 61. La próxima semana se celebra el juicio más importante,con 34 personas a las que una abogada y un supuesto empresario cobraron 30.000 euros. En este caso no se espera ningún acuerdo previo. La Fiscalía pide seis años de prisión (una pena más elevada al haber más afectados) para la abogada María del Carmen Formoso y el empresario Emilio González.

El juez instructor consideró probado que la letrada recibió el dinero "a sabiendas de que carecían de los mínimos requisitos" para ser regularizados con el único "propósito de cobrar". Utilizó, agregaba el auto, una empresa creada en esas fechas pero sin actividad.