Algo que aprender del 'caso Lamela'

El caso Lamela ha sido catastrófico, a la injusta persecución de un grupo de profesionales, a los que aún hoy, presuntos periodistas y supuestos políticos siguen insultando, se unen dos efectos desgraciados descritos en estas páginas por Milagros Pérez Oliva: privar a muchos pacientes de los cuidados terminales y dejar un reguero de resquemor profesional con consecuencias morales devastadoras en los sanitarios. Por si faltaba algo, se hizo algo insólito, usar la autoridad institucional para perseguir a los profesionales por razones ideológicas. Cabe por tanto prevenir hechos de esta naturaleza.

Un elemento clave de la estrategia del consejero Lamela fue la creación de una comisión que aclarase las actuaciones de los médicos del Severo Ochoa. Su tarea era extremadamente delicada y por tanto su nombramiento debía ser cuidadosamente fundamentado y sus procedimientos exquisitos.

La elaboración de un informe basado en el análisis de historiales clínicos requiere como mínimo del concurso de expertos en auditoría médica, en seguridad en servicios sanitarios y en metodología de investigación clínico-epidemiológica además de varios expertos en sedación. No basta con ser buen clínico o investigador en alguna materia relacionada, hay que tener capacidad para entender y participar en cada uno de los procedimientos de este tipo de evaluación.

Lamela no justificó por escrito las designaciones, y de la composición de la comisión se deduce que faltaban expertos en varias de las áreas mencionadas. Aprendamos, pues, a exigir la justificación fundamentada de cualquier nombramiento. Esto que es aplicable en cualquier ámbito, es una grave carencia de nuestra democracia. No es costumbre, ni se exige sistemáticamente a los responsables políticos que justifiquen los nombramientos que hacen. Bastaría con cinco líneas escritas que relacionen con precisión la capacidad de la persona con la actuación prevista.

Los procedimientos no fueron exquisitos, todo lo contrario. Expertos de la Sociedad Española de Epidemiología -cuya experiencia puede acreditarse extensamen-te- analizaron en octubre de 2005 el informe de la comisión Lamela y concluyeron que no se había alcanzado el rigor exigible ni en los procedimientos ni en las conclusiones. Habiendo elegido una metodología semejante al conocido como audit médico, se incumplieron varios de los requisitos esenciales. Dado el carácter del informe, sorprendió que hubiese errores de cuantificación, omisión de información esencial o conclusiones que no tenían nada que ver con los objetivos y métodos seguidos. En fin, ni el diseño, ni los procedimientos empleados, ni los errores metodológicos cometidos permitían llegar a la conclusión principal sobre la relación causa efecto entre la sedación y la anticipación de la muerte.

Dadas las graves consecuencias de informes como el que nos ocupa, cabe aprender a preguntarse si realmente se está capacitado para el cometido previsto antes de participar en comisiones para juzgar la labor profesional de otros y abstenerse en caso contrario. No sugiero que los profesionales se aparten de la colaboración con las instituciones, todo lo contrario, se trata de fomentar una participación más activa pero también más exigente comenzando por nosotros mismos.

Lo que se echó de menos entonces fue eso, una participación mucho más activa de sociedades científicas y profesionales en unos sucesos que tenían graves repercusiones para la salud pública española.

Ildefonso Hernández Aguado. Catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Miguel Hernández.