Los sindicatos catalanes se rebelan contra la ley educativa autonómica

Los sindicatos han puesto las espadas en alto ante la que será la primera ley de educación de Cataluña. La situación está encrespada desde hace semanas. Los sindicatos han declarado una guerra sin cuartel a los cambios anunciados por la Generalitat. No les gustan y han convocado huelga de maestros y de profesores en escuelas e institutos el 14 de febrero con el objetivo de paralizar los centros escolares. Las centrales sindicales piden que la Generalitat retire el documento de bases de la futura ley. La norma se desarrollará bajo el paraguas del nuevo Estatuto catalán y de la estatal Ley Orgánica de Educación (LOE).

Más de un millón de alumnos no universitarios pueden verse afectados por el paro. Desde el ángulo de los docentes, el efecto de la huelga está por ver, aunque puede ser importante. En Cataluña, uno de cada cuatro docentes está afiliado a un sindicato, según CC OO. Además, apoyan el paro las mayores centrales: USTEC, CC OO, UGT, Aspepc-Sps y CGT. Sólo USOC -ligado al estatal USO y con gran presencia en la privada concertada- se ha desmarcado de la convocatoria.

De poco han servido hasta ahora las llamadas al diálogo hechas por el consejero de Educación, Ernest Maragall. De palabra y por escrito, el consejero ha reiterado su oferta de diálogo a todas las entidades que firmaron hace dos años el Pacto por la Educación, incluidos UGT y CC OO. La última vez, el pasado martes a través de una carta enviada un día antes de que los sindicatos presentaran la petición de huelga.

El primero de los puntos que rechazan los sindicatos sirve de clave de bóveda para el resto y es la forma que ha elegido la Generalitat de potenciar la autonomía de los centros escolares. Eso se traduce en que los centros podrán decidir parte del currículo escolar. Las centrales aseguran que la autonomía abre la puerta para poner a competir entre sí a los colegios e institutos públicos.

Pero, a partir de ahí, hay otras propuestas de la reforma planteada que también rechazan: potenciar el poder de las direcciones de los centros, evaluar los resultados de maestros y profesores, dar capacidad de los centros para solicitar profesores con determinados perfiles (que sepan informática o inglés, por ejemplo) y también la posibilidad de gestión privada de centros públicos que abre la ley. En este último caso, la gestión privada se limitaría a entidades sin ánimo de lucro.

Pero no todas las entidades están contra las propuestas de la Generalitat. La junta de directores de centros de secundaria las respalda y también la asociación de directores de centros AXIA, ligada a la estatal FEDADI. Además del rechazo de USOC a la huelga, tampoco la apoyan las entidades de renovación pedagógica ni, por supuesto, las asociaciones de padres de alumnos.

La Generalitat mantiene el calendario previsto para la ley. A estas alturas del año parece difícil que se apruebe un proyecto antes de las elecciones generales del 9 de marzo. El calendario previsto por el Departamento de Educación es someter el texto a discusión con el sector educativo, esperar el dictamen del Consejo Escolar de Cataluña a lo largo de este mes y enviar luego un texto al Parlamento catalán. La meta es que la ley esté aprobada antes de acabar el año.

La situación está enrarecida porque hay otros asuntos que enfrentan a sindicatos y Generalitat. Las centrales sindicales rechazan también el plan para crear aulas separadas de las actuales escuelas e institutos para inmigrantes que no sepan catalán y castellano. La Generalitat ha dicho que quiere aplicar la medida de forma transitoria a los alumnos extranjeros que lleguen con el curso empezado en las ciudades de Reus y Vic. Los sindicatos también se oponen a la reducción de horas de lengua castellana, catalana e historia en el bachillerato a partir del curso próximo. Las lenguas extranjeras, inglés de forma mayoritaria, seguirían con su actual horario y quedarían por encima de las lenguas vernáculas en horas de clase semanales.