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Las hijas de Oubiña impiden la venta del Pazo de Baión al recurrir a Estrasburgo

Las herederas del 'narco' reclaman su parte ante el Tribunal de Derechos Humanos

La mesa de coordinación del Plan Nacional sobre Drogas tuvo que paralizar ayer sine die el proceso del concurso público para la adjudicación del Pazo de Baión que fue decomisado al narcotraficante de hachís, Laureano Oubiña, actualmente en prisión. Una demanda contra el Estado interpuesta en marzo de 2005 por las hijas del matrimonio Oubiña y la fallecida Esther Lago ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ha provocado un giro inesperado en la venta del inmueble cuyo precio de salida se tasó en 8,4 millones de euros.

La demanda bloquea 'sine die' la subasta de la finca por parte del Plan Antidroga

Los abogados del Estado estudian ahora la salida a una situación sin precedentes en el traspaso de una propiedad intervenida en sentencia firme y que, por lo pronto, ha impedido que ayer se abrieran las plicas con las ofertas que presentaron las cuatro empresas vinícolas que optan a la compra del inmueble: Feixenet, Martín Codax, Condes de Albarei y Marqués de Riscal.

Los responsables del plan desconocían la existencia de una reclamación judicial en Estrasburgo que afecta de lleno al futuro del pazo y cuyas consecuencias son imprevisibles, si finalmente el fallo del Alto Tribunal de Estrasburgo fuese favorable a los intereses de la familia Oubiña Lago. Esther y Lara Oubiña Lago interpusieron la demanda cuando la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional dictó un auto en el que eximió de toda responsabilidad penal a su madre, tras fallecer en un accidente de tráfico en febrero de 2001, antes del juicio en el que se decretó el decomiso del Pazo de Baión y en el que el matrimonio estaba imputado.

Basándose en el artículo 657 del Código Civil, que reconoce los derechos de trasmisión de los bienes a sus herederos, las hijas intentaron personarse en el procedimiento del pazo para reclamar su parte o al menos la mitad de los bienes que tenían en régimen de gananciales sus progenitores, referidas a las sociedades mercantiles e inmuebles que años antes habían sido intervenidos judicialmente.

Pero la Sala no admitió a las hijas como parte del proceso, una resolución contra la que no cabía recurso. Esther y Lara Oubiña elevaron entonces sus quejas a Estrasburgo, alegando indefensión y denunciando "haber sido indebidamente despojadas de los bienes adquiridos por herencia de su madre".

El juicio se celebró y el fiscal retiró los cargos a Oubiña, al que le pedía una condena de 7 años por blanqueo de dinero, condenando a la hermana de Esther Lago y a su marido como accionistas de las empresas propietarias del pazo aunque la sentencia admitió que "eran sociedades fantasma que habían creado el matrimonio Oubiña Lago".

"La Audiencia Nacional no puede ir contra sus propios actos, tanto en lo que perjudica o beneficia a las partes, y tiene que ser imparcial", comentó ayer Joaquín Ruiz Giménez, uno de los abogados de Oubiña. "Si la Sección Cuarta consideraba probado que todos los bienes decomisados eran del matrimonio Oubiña Lago, tendría que haber permitido que las hijas se personaran como parte interesada en la causa", añadió.

Ruiz Giménez, que presentó en el Plan Nacional sobre Drogas los documentos que paralizaron la última fase de la adjudicación del pazo, descartó que se hubiera actuado de mala fe. "Ellas se enteraron por la prensa de todo el proceso y consultaron si había posibilidades de pararlo, habiendo una demanda en trámite y considerando que se lesionan sus derechos como herederas de los bienes que se pretenden vender", apuntó el letrado.

No es la primera vez que Oubiña recurre a tribunales europeos para revisar sus cuatro condenas por tráfico de hachís. Además de presentar dos en Estrasburgo, otro de sus recursos fue admitido a trámite por el Comité de Derechos Humanos de la ONU en relación a un listado telefónico, sin grabaciones, que la Fiscalía presentó como prueba. Sus abogados alegan que el documento recoge, además de las llamadas del día de la descarga de hachís, las anteriores y posteriores a la operación por la que fue condenado.

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