"A nosotros, nadie nos ha llamado nunca a declarar"

"Siempre he pensado que la restauración debe hacerse bajo una supervisión técnica. No desde una ley tan restrictiva que no permita actuar", explica el arquitecto Giorgio Grassi desde Milán. "Tradicionalmente, se ha producido una gran concentración de restauraciones miméticas porque no se podían hacer de otra manera. En la sentencia sobre el Teatro Romano de Sagunto los jueces han aplicado la ley de 1985 de forma muy estricta. El Teatro Romano, antes de nuestra actuación, estaba muy reconstruido. Con ello, han defendido una ruina artificial".

Grassi (Milán, 1935), una de las figuras más relevantes de la teoría y la práctica de la arquitectura italiana en su relación con la ciudad antigua, se muestra especialmente extrañado del papel de convidados de piedra de los dos autores del proyecto. "A nosotros, nadie nos ha llamado nunca a declarar, ni a los arqueólogos. No ha habido ningún control científico del proceso ante el cual hubiéramos podido explicar que la cávea original no coincidía con la que quedó tras las restauraciones de los años setenta. En las imágenes de principios del siglo XX se ve que muchas partes del teatro no existían. La muralla del castillo de Sagunto está llena de trozos de columnas del teatro".

De todas maneras, el arquitecto concluye que "los problemas radican en la ley, que no responde a las exigencias de la restauración. De acuerdo con la interpretación de los jueces, esa ley obliga a reconstruir en modo falso, mediante una ilusión óptica que hace ver una cosa que no es verdad. En Sagunto no hay una ruina original a la cual podamos remitirnos".

En relación con la acogida de su obra, Grassi, constata: "La gente de Sagunto se ha ido apropiando del teatro. Miles de visitantes lo han vivido y han podido admirarlo. Nuestro proyecto responde de manera lógica y concreta al problema de la restauración. Quienes lo han atacado, lo han hecho desde una actitud política que mantiene la incoherencia de considerar que el paisaje se puede modificar y hasta destruir urbanísticamente, pero que los monumentos tienen que seguir siendo ruinas".

"Cambiar la ley es la única solución", comenta, "para permitir actuar cuando no existe, en realidad, el monumento antiguo. La polémica se planteó inicialmente bajo una presión política muy fuerte. Poco a poco, los jueces decidieron desde una actitud burocrática, sin prestar atención a los problemas que la intervención realmente planteaba".

La solución pasa, en su opinión, por abrir un paréntesis y hacer cambios legislativos. "Como han pedido los colegios de arquitectos, se trataría de aplicar una moratoria mientras se redacta una nueva ley a partir de la realidad de la arquitectura actual, no de falseamientos hipnóticos que no evitan que el monumento se degrade. Es fundamental dar un uso a los monumentos. Hay que hacer algo con ellos de acuerdo con los instrumentos de la arquitectura".