Bruselas intenta echar a Confebask del juicio por las ayudas fiscales

El mayor esfuerzo de la Comisión Europea en la vista de ayer en el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas por el crédito fiscal del 45% a la inversión fue echar del proceso a la patronal Confebask. El abogado de la Comisión, F. Castillo de la Torre, destacó desde el primer momento que los empresarios vascos no habían demostrado su legitimación para ser parte demandante. Dijo incluso que se les había "agotado la paciencia" al ver cómo Confebask no había aportado documentación suficiente que demostrara que entre sus miembros hay empresas beneficiadas con el polémico incentivo.

La parte vasca alega la "confianza legítima" de las empresas afectadas

Para su disgusto, el Tribunal,aceptó su argumentación, pero decidió dar "una última oportunidad" a la patronal vasca para que acredite su derecho a actuar en el proceso como demandante. Tiene diez días para probarlo aportando nombres de empresas asociadas de los tres territorios que recibieron el crédito fiscal incluido en el Impuesto de Sociedades vasco de 1996. Suponía una exención de la cuota del impuesto del 45% de las inversiones de más de 15 millones de euros, que se podía aplicar en los primeros cuatro años de beneficios.

El abogado de la Comisión mantuvo durante la vista una actitud muy hostil hacia los demandantes, que fue contestada con frialdad y muchas palabras por ellos. El juez ponente, Franklin Dehousse, llegó a bromear con la "propensión imagino-lingüística de las partes" antes de continuar con sus preguntas aclaratorias.

La voluntad de la Comisión de excluir a Confebask puede responder al carácter más amplio de su demanda y a librarse de un adversario. La patronal no se limita a la petición de que no se devuelvan las ayudas, objetivo fundamental de las instituciones vascas. Su pretensión es más amplia y llega a cuestionar que el propio crédito fiscal se considere ayuda de Estado.

Ante este argumento, la Comisión esgrimió que no se podía discutir la cuestión, ya que la consideraba "cosa juzgada", tras las sentencias contra dos empresas individuales, Ramondín y Demesa (Daewoo), por beneficiarse de esta ayuda. Sin embargo, el abogado de Confebask, M. Araujo, rechazó esta tesis indicando que una cosa era el régimen fiscal general de ayudas y otra su aplicación a un caso concreto, en el que, además, se superaron de forma amplia los límites comunitarios.

El otro argumento utilizado por Confebask fue el de "la confianza legítima" de las empresas de que las ayudas se ajustaban a derecho. Aludió a la creencia de que no hacía falta una notificación previa a la Comisión y recordó que ésta no había establecido criterios en materia de incentivos fiscales.

Ignacio Sáenz-Cortabarría, abogado de las instituciones vascas (diputaciones y Gobierno) también basó su alegato en la confianza legítima para defender la no devolución de las ayudas. Aseguró que hubo un crédito similar en 1994 en Álava y en otros Estado de la UE y que Bruselas nunca los censuró. Y adujo que en 2003 la Comisión dijo que la copia de un régimen fiscal de otro Estado que no esté considerado una ayuda ilegal no obliga a devolverla si posteriormente es declarada como tal.