Los errores del aborto

Es comprensible el malestar que existe entre los profesionales sanitarios que trabajan en las clínicas privadas acreditadas para realizar abortos. Como consecuencia de las acciones judiciales emprendidas contra el grupo Morín de Barcelona, por supuesta vulneración de la ley, el resto de las clínicas ha visto cuestionada no sólo la calidad de su prestación asistencial, sino la legalidad de su actuación y hasta la legitimidad de su existencia. Sus profesionales han tenido que soportar tremendistas acusaciones de asesinato por parte de altos prelados de la Iglesia y han sido acosados y hasta agredidos por grupos de fanáticos.

A ello se ha sumado, en el caso de las clínicas de Madrid, la percepción de que son sometidas a inspecciones con objetivo intimidatorio por parte de las autoridades sanitarias de esta comunidad autónoma -gobernada por el PP-, lo que, de ser cierto, constituiría un grave ejemplo de abuso del poder institucional en defensa de posiciones ideológicas, olvidando que los organismos públicos están al servicio de todos los ciudadanos y no de los intereses partidistas de sus ocasionales dirigentes.

Que los profesionales tengan razones para sentirse agraviados no justifica, sin embargo, el procedimiento elegido para defenderse, porque cesar en la actividad durante una semana puede perjudicar a la parte más vulnerable, las mujeres que se ven en la difícil y triste tesitura de tener que abortar. Los plazos establecidos en dos de los supuestos previstos en la ley son muy estrictos, 12 semanas en caso de violación y 22 en el de malformación. Teniendo en cuenta que hay comunidades en las que ningún hospital público practica abortos, el cierre puede acabar penalizando precisamente a quienes se pretende defender.

La situación que se ha creado es una dolorosa prueba de la inseguridad que genera la actual legislación. Es cierto, como dice el PSOE, que con esta ley las mujeres que necesitan abortar pueden hacerlo, pero bajo unas tutelas y a un coste que ya no es asumible. La beligerancia de los grupos antiabortistas y su instrumentalización por parte de la Iglesia no deberían llevar al PSOE a renunciar a su compromiso electoral de modificar la ley. Al contrario, la respuesta adecuada a esta nueva ofensiva es instaurar una ley de plazos que dé seguridad a todas las partes. Los acontecimientos demuestran que, en estas cuestiones, amilanarse puede ser un grave error político.