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Un testigo achaca al consistorio el vertido de alpechín en Atarfe

En el juicio están imputados el alcalde y otros tres cargos

Javier Martín-Arroyo

El empresario Miguel Ángel Arroyo identificó ayer al teniente alcalde de Atarfe, Tomás Ruiz, como la persona que dirigió el relleno de las balsas de alpechín en 2004 con tierra y escombros, pese a estar situadas sobre una propiedad privada: "Él decía dónde tirar los escombros y dirigía los camiones. Acudía a menudo, a veces todos los días de la semana. No había contrato escrito pero sí encargo verbal". El responsable de la empresa Excavaciones Hermanos Arroyo declaró ayer como testigo en la segunda sesión del juicio por presunto delito ecológico y prevaricación contra Ruiz, el alcalde, Víctor Sánchez (PSOE), el concejal de Medio Ambiente, Luis Pozo y el Director general de Bienes Culturales de la Junta, José María Visedo.

El vertido en Atarfe de 120.000 toneladas de alpechín, un derivado del aceite muy contaminante, se realizó sin estudio geológico de la zona ni licencia municipal de obras. El fiscal pide para los responsables un año y medio de prisión o una pena de inhabilitación para cargo público de ocho años y una multa de 12.960 euros para cada uno.

Arroyo aclaró que el relleno de las balsas lo ejecutaron "camiones durante al menos dos años", y alegó que no recibió contraprestación por parte del consistorio porque su empresa necesitaba un sitio donde tirar la tierra sobrante de las obras. A continuación, relató el caos que supuso el relleno: "El dueño del terreno no puso impedimento aunque las balsas eran un peligro y allí no había control alguno".

A unos 600 metros de las balsas está situada la cavidad termal de Raja Santa, la mayor del país ubicada. Ayer declaró ante el juez uno de los agentes del equipo de espeleología del Seprona, que descendió 140 metros para extraer muestras del agua contaminada con "altos contenidos en DQO y DBO5 (sólidos en suspensión)". "Existía una película grasienta de aceite sobre el agua a 35 grados y un fanguillo negro sobre la pared", relató el agente. Los seis peritos que ayer declararon en la vista oral ofrecieron versiones contrapuestas para dilucidar si la contaminación de Raja Santa se debió al alpechín que rebosó de las balsas por la permeabilidad del macizo carbonatado. El fiscal recordó ayer que no existen fábricas de aceite alrededor de la sima.

El comisario de aguas Javier Serrano expuso sus dudas: "No sé el origen exacto, pero la contaminación no es propia, sino externa al lugar". A continuación, Luis Enrique Fernández, jefe del servicio de la Confederación Hidrográfica, organismo que abrió un expediente sancionador por el vertido, alertó del "grave peligro" que soportan los recursos subterráneos de la zona: "En los terrenos calcáreos hay fisuras de todo tipo y el alpechín podría haber llegado de donde sea. No me atrevería a asegurar la conexión aunque puede haber un corredor", aseguró cauto.

El vertido afectó a la zona arqueológica de Sierra Elvira, declarada Bien de Interés Cultural, lo que provocó la imputación Jefe el Servicio, José María Visedo. El arqueólogo Isidro Toro recordó su severo informe: "Recomendé la paralización del vertido porque cualquier actuación sobre un BIC necesita una autorización de Cultura. También informé del alto impacto negativo sobre el patrimonio arqueológico". El juicio quedará visto para sentencia la próxima semana.

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Sobre la firma

Javier Martín-Arroyo
Es redactor especializado en temas sociales (medio ambiente, educación y sanidad). Comenzó en EL PAÍS en 2006 como corresponsal en Marbella y Granada, y más tarde en Sevilla cubrió información de tribunales. Antes trabajó en Cadena Ser y en la promoción cinematográfica. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y máster de EL PAÍS.

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