La ley europea impide las expulsiones en masa

Italia cuenta con el aval de la legislación comunitaria para expulsar del país a nacionales de otros Estados comunitarios, siempre que lo haga de forma individual y razonada en motivos de seguridad pública o sanitaria. Lo que no puede hacer de ninguna manera es proceder a expulsiones colectivas, de acuerdo a la misma normativa, en vigor desde el año pasado.

"La Comisión Europea apoya los esfuerzos legítimos del Gobierno italiano para proteger a los ciudadanos", señala el portavoz del comisario italiano, Franco Frattini, responsable de Justicia, Libertad y Seguridad. A la espera de tener conocimiento oficial del decreto de expulsión preparado por el Ejecutivo de Romano Prodi, Bruselas reconoce que Italia no tiene más que acogerse a la directiva que fija los términos de la libertad de movimiento de los europeos en territorio comunitario.

La normativa establece que no hay limitaciones al tránsito de los ciudadanos comunitarios en los primeros 90 días de residencia en otro país de la Unión, transcurridos los cuales deben demostrar que cuentan con medios de subsistencia, además de no suponer ningún peligro para la seguridad del país de acogida ni para su sistema sanitario. "Toda expulsión debe fundarse en motivos individuales, que también son aplicables a familias, pero las expulsiones en grupo están prohibidas", explica el portavoz, Friso Roscam. "La conducta delictiva no es grupal sino individual. No se puede aplicar la culpabilidad por asociación". Tanto Frattini como el responsable de la Ampliación, Olli Rehn, niegan que las políticas comunitarias de las que ellos son responsables estén vinculadas a los actos delictivos de los rumanos en Italia. Las objeciones de Roma al límite de los 90 días fijado en la directiva, por no ser fácilmente mensurables, son nuevas para la Comisión, que sugiere al Estado disconforme que las eleve ante sus socios comunitarios para ver si hay acuerdo y modificarla.