Los militares birmanos ignoran las críticas y anuncian más detenciones

La Junta Militar que gobierna en Birmania (rebautizada como Myanmar por los propios militares) recibió ayer los toques de atención de la ONU y el anuncio de que el Consejo de Seguridad le impondrá sanciones económicas como si oyera llover. El régimen del general Than Shwe siguió con la suya y anunció más detenciones contra aquellos que protesten. La cifra oficial de arrestos se acerca ya al millar.

Una fuente occidental advierte que el clima en el país "sigue siendo de terror"

Ayer, el periódico estatal, Nueva Luz de Myanmar, aseguró que 78 personas más serán detenidas. Los números de la disidencia son otros: más de 6.000 apresados desde que comenzaran las manifestaciones encabezadas por los estudiantes y los monjes para protestar contra la subida de los combustibles, la pobreza y la falta de democracia.

El método que emplea el régimen estos días tiene mucho que ver con el que usó para tratar de impedir que las protestas salieran a la luz. Si al principio el Gobierno de Than Shwe prohibió la entrada de los medios de comunicación extranjeros al país y prometió represalias contra todo el que tuviera el más mínimo contacto con la prensa o le enviase imágenes, ahora los militares tratan de ganar la batalla mediática en su propia casa. Además de apoyar a sus líderes en todo el país, los medios de prensa de la Junta Militar atacan a los monjes asegurando que ha habido en Myanmar nuevas manifestaciones para decir que las primeras protestas fueron instigadas por éstos y por miembros del partido que lidera la opositora y premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi (en arresto domiciliario), Liga Nacional para la Democracia.

Las redadas nocturnas siguen en la antigua capital, Yangon (antes Rangún). Una fuente occidental aseguró que, aunque "la situación parece haberse relajado, la sensación sigue siendo de terror". La misma fuente añadió que los birmanos con los que ha hablado anuncian manifestaciones en los próximos días, aunque este punto no ha podido ser confirmado.

La Junta niega las redadas nocturnas y anuncia la liberación de más personas de acuerdo con las peticiones hechas por el enviado de Naciones Unidas a Birmania, Ibrahim Gambari. Afirma que ya ha puesto en libertad a unas 1.600 personas y que en los registros de algunos de los arrestados encontró armas, munición y cuchillos.

El control del Ejército sobre la situación se hace cada vez más patente. Los camiones militares siguen aparcados en las pagodas de Shwedagon y de Sule, en Yangon, y, aunque los soldados han retirado las barricadas de espinos y su presencia es mucho menor en las calles, su control en la frontera con Tailandia se ha visto reforzado, debido al temor de que los disidentes traten de huir.

En cuanto a los muertos que ha dejado esta revuelta, las cifras son absolutamente dispares, aunque en el caso de las ofrecidas por el Gobierno resultan poco creíbles. La Junta sigue afirmando que son sólo 16 los muertos, entre los que se encuentra un fotógrafo japonés. La disidencia birmana señala que el número de víctimas mortales está en torno a las 200 personas y advierte de que muchos de ellos están siendo incinerados para lograr que nunca se llegue a saber el número real.

En cualquier caso, ni el número de muertos ni de detenidos ha podido ser comprobado por nadie, ya que la Junta no permite tampoco la entrada del Comité Internacional de Cruz Roja a los edificios gubernamentales, prisiones y recintos militares.

El otro foco de atención está en lo que ocurra estos días entre Than Shwe y Aung San Suu Kyi. El general ofreció reunirse con la líder de la disidencia, en arresto domiciliario, pero sus condiciones son inasumibles para alguien que está pidiendo la llegada de la democracia: que deje de protestar y que deje de hacer llamamientos a la comunidad internacional para que imponga sanciones económicas a Birmania.